Historia de los movimientos indígenas en América Latina / Antropología

Introducción

El siguiente informe tiene como objeto presentar la situación actual de las organizaciones indígenas más destacadas, su composición étnica y su ubicación regional, sus reivindicaciones y las alianzas políticas más importantes. Se han seleccionado los países de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú y México, por representar la población indígena de América Latina y por la enorme relevancia que los grupos indígenas tienen en tales naciones. Además, se van a estudiar los que denominamos “movimientos indígenas supranacionales”, para abarcar las experiencias regionales andinas y amazónicas, estas últimas menos conocidas. Hay que señalar que haremos gran hincapié en analizar temas poco presentes en los foros principales, pero que son claves, como las relaciones con los Estados nacionales y su concepción de la democracia, ambos íntimamente unidos al tema de la autonomía indígena, fundamental para comprender las reivindicaciones y planteamientos de los pueblos originarios. Para muchos autores, la importancia de los movimientos indígenas actuales puede compararse con lo que supuso el movimiento sindical para las sociedades occidentales durante los siglos XIX y XX. El problema indígena en América Latina se convirtió, a lo largo de estos siglos, en un auténtico incordio político y teórico para los países Latinoamericanos.

  

Objetivo general

Conocer el génesis de los movimientos indígenas latinoamericanos, su significado y dinámica en cada uno de los países de Latinoamérica, para valorar la importancia que es para de sus países.

Objetivos específicos

Describir una breve historia de los movimientos indígenas  latinoamericanos y su significado en la actualidad.

Identificar los distintos movimientos indígenas  en cada una de las regiones  y las asociaciones supranacionales.

Identificar las acciones, luchas y logros de los movimientos indígenas de Latinoamérica.

Reflexionar por medio de esta información la importancia de los movimientos indígenas, la cual poder compartir para promover conciencia y asi apoyar a nuestros movimientos indígenas.

Historia de los movimientos indígenas en América Latina

A finales del siglo XIX hubo un periodo de asimilación al Estado-nación donde se consideraba al indígena “atrasado”, “inferior” y “bárbaro”, planificándose políticas de aculturación e integración en una cultura nacional monolingüe. En el siglo XX, especialmente en los años treinta, comienza un largo periodo caracterizado por las políticas de integración basadas fundamentalmente en la educación, la castellanización y el entendimiento de que los indígenas eran campesinos y parte integrante de las sociedades latinoamericanas. Se crearon las instituciones indigenistas, que tenían un doble objetivo: incorporar a los indígenas a la cultura nacional y resguardar ciertos rasgos de su cultura como fenómenos anacrónicos, folclóricos, fruto de una historia llamada a desaparecer por el desarrollo del Estado-nación. En las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, la idea general en todos los países de América Latina con población indígena era que éstos debían progresar y modernizarse, o bien asimilarse a una pretendida cultura nacional. A este proceso también se le llamó aculturación, blanqueamiento o mestizaje. A partir del Congreso de Pázcuaro de México en 1941, se crearon los Institutos Nacionales Indigenistas (INI), que buscaban elevar el estatus de los indígenas a ciudadanos de un Estado, a través del desarrollo rural basado en la educación, la mejora en los servicios de salud y el extensionismo agrario. En la década de los ochenta, en coincidencia con el ocaso de las dictaduras militares en muchos países de la región, algunas organizaciones indígenas de países como Bolivia, Chile, Ecuador y México, reivindicaron una serie de derechos a la tierra, así como el establecimiento de una nueva relación con el Estado, que incluyera el reconocimiento de la diversidad étnica, la participación de sus representantes en el diseño de las políticas públicas indígenas, la protección legal de sus tierras y agua, y el apoyo al desarrollo económico y cultural de sus comunidades. En la década de los noventa se llevó a cabo la mayor transformación de las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, en un contexto auge de las democracias.

En 1992 se celebraron los encuentros internacionales de Río de Janeiro y el V Centenario, que se conformaron como focos para la actividad y el “empoderamiento” de las organizaciones indígenas a nivel nacional e internacional, exigiendo el reconocimiento de sus derechos colectivos por parte de los gobiernos. La declaración de la ONU del Año Internacional de los Pueblos Indígenas en 1993 y la Década Internacional de los Pueblos Indígenas 1994-2004 mostraron, tanto la creciente sensibilidad que en la década de los noventa habían desarrollado los organismos internacionales con respecto al problema indígena, como también las luchas de este movimiento por convertir sus reivindicaciones en un problema supranacional, en algo más que un tema doméstico de los Estados nacionales. El último momento cumbre al que queremos hacer alusión es a la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la ONU en septiembre de 2007. De indudable valor simbólico, tras décadas de lucha por lograr un reconocimiento, el reto y el futuro de esta declaración está en que pueda hacerse efectiva. Ratificada por 143 votos a favor, cuatro en contra (Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Australia) y 11 abstenciones, la Declaración establece a lo largo de sus 47 artículos el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que incluye la propiedad de sus tierras, los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y la autodeterminación. El texto es fundamental para legitimar las nuevas concepciones que de la ciudadanía enarbolan los movimientos indígenas.

Pese a todo este movimiento, podemos afirmar que en los últimos diez años:

·         Aunque las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales han aprobado políticas progresistas e importantes resoluciones en beneficio de los pueblos indígenas, los derechos garantizados en estos documentos pocas veces se cumplen; por ejemplo, aquellos concernientes a educación bilingüe, o en contra de la discriminación.

·         Las iniciativas para la salud indígena están dispersas, pero van en aumento: los programas de salud adaptados a las poblaciones indígenas siguen siendo poco comunes, y la mayoría se ha puesto en marcha en los últimos 10 y 20 años.

·         Son pocas, si es que existen, las intervenciones en materia de políticas que intenten abordar la discriminación en los mercados laborales y equiparar los ingresos salariales, dado el hecho de que en toda América Latina los indígenas ganan menos que los trabajadores no indígenas.

El movimiento indígena latinoamericano

 El movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de esta densa realidad latinoamericana contemporánea. Éste se construye como un movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. Al mismo tiempo, ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina de América del Sur. A partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, a su racionalidad, a su modelo de modernidad y desarrollo inserto en la estructura de poder colonial, el movimiento indígena latinoamericano se plantea como un movimiento civilizatorio, capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para re-elaborar, no una, sino varias identidades latinoamericanas; no una forma de producir conocimiento, sino todas las formas de conocimiento y producción de conocimiento que han convivido y resistido a más de quinientos años de dominación. El elemento indígena se va convirtiendo en el centro del discurso y de la construcción de una visión del mundo, de un sujeto político y de un proyecto colectivo y  dinámico para las movilizaciones.

Entre los principales ejes movilizadores de este llamado están:

·         La tierra como fuente de vida y el agua como derecho humano fundamental;

·         Descolonialidad del poder y el autogobierno comunitario;

·         Los Estados Plurinacionales;

·         La autodeterminación de los pueblos;

·         La unidad, equidad y complementariedad de género;

·         El respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y diverso;

·         Liberación de toda dominación o discriminación racista, etnicista o sexista;

·         Las decisiones colectivas sobre la producción, mercados y la economía;

·         La descolonialidad de las ciencias y tecnologías;

·         Por una nueva ética social alternativa a la del mercado.

Asociaciones indígenas supranacionales

La Comunidad Sudamericana de Naciones, a través del documento Para vivir bien: sin neoliberalismo elaborado para la Cumbre de Cochabamba (Bolivia), afirma: “No sólo existe una lenta integración entre Estados, sino también una importante integración de los pueblos indígenas y naciones originarias, que damos sustento a esos Estados y somos sus sujetos constitutivos de todo derecho”. Así se expresa una tensión entre lo nacional y lo internacional y un nuevo concepto de ciudadanía. Ambos sintetizan una característica propia de estos movimientos: el mantenimiento de su especificidad cultural, su pertenencia a un Estado-nación y su vocación internacional. Las organizaciones supranacionales, en particular la andina y amazónica, han surgido en la última década, enfrentándose a las consecuencias de los TLC, de la explotación extractiva de su territorio y de la construcción de vías de comunicación. A diferencia de las organizaciones anteriores, más enfrentadas a un Estado-nación, defensoras de una concepción de autonomía y de una nueva definición de ciudadanía, estas asociaciones regionales ponen mucho más énfasis en la defensa del medio ambiente y en el problema ecológico, a la vez que expresan más explícitamente sus críticas y oposición a las políticas neoliberales. Esta posición política les hace relacionarse y acercarse a los movimientos antiglobalización, presentes en los Foros Sociales Mundiales (FSM), así como al movimiento ecologista. Probablemente, en ambos mecanismos se base el éxito de las estrategias que estas asociaciones, que ya tienen amplios contactos entre ellas desde el FSM de Porto Alegre (2005), puedan tener en los próximos años. Hay razones para creer que los pueblos indígenas andinos y de la Amazonía están cada día más articulados, con más contenido en sus propuestas y con nuevos líderes que puedan conducir las organizaciones nacionales y el movimiento indígena del continente. Para el líder andino Miguel Palacín Quintín, lo que es necesario a partir de ahora “es establecer una agenda grande a nivel del continente, desarrollar las alianzas en todos los espacios y caminar hacia lograr los cambios políticos en nuestros Estados y en el continente”. Estos movimientos indígenas regionales aparecen en un contexto de desafíos y conflictos en el continente. Por un lado, una arremetida de la política neoliberal, dirigida desde los países del Primer Mundo y las empresas multinacionales, que ha contribuido a la producción de legislaciones desfavorables para el pueblo indígena, con el objetivo de que los recursos sean más fácilmente explotados por empresas internacionales, tal y como reflejan los TLC. Sin embargo, los procesos de respuesta de los pueblos indígenas están cada día más y mejor articulados en sus propuestas, a través de sus nuevos líderes.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

Su congreso fundacional se celebró entre el 14 y el 17 de julio de 2006. Está integrada

por organizaciones indígenas andinas (quechuas, aymaras, kichwa y mapuches) de Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú. Su objetivo es mostrar loandino como un ejemplo de la específica relación que tienen los pueblos indígenas con el territorio que ocupan. Para la CAOI, la Cordillera de los Andes forma un espacio natural, común a estos pueblos, que comparten un mismo origen geográfico, han tenido experiencias históricas semejantes, se enfrentan actualmente a similares problemas y pueden construir juntos un futuro. Buscan la unidad en la diversidad andina. Su objetivo inmediato es doble: fortalecer el movimiento indígena andino y complementarlo con el movimiento indígena amazónico, especialmente con la COICA.

Sus líderes reconocen que, siendo cierto que los pueblos indígenas siempre han luchado y resistido, también es verdad que siempre lo han hecho de manera aislada, llegando el momento de unirse a nivel continental. La primera participación internacional de una coordinadora andina entre las organizaciones indígenas sucede en el marco del V Foro Social Mundial de Porto Alegre (2005), lo que representa una clara voluntad de las asociaciones por complementarse y mostrar por primera vez a los pueblos indígenas en un Foro Social Mundial. En el 2006, la Coordinadora Andina participó en el VI Foro Social Mundial de Caracas y en el II Foro Social de las Américas, con temas como tierra, territorio, militarización y autonomía. Por fin, en octubre de ese mismo año, en la ciudad de Lima, se celebró la I Asamblea de Nacionalidades y Pueblos Indígenas Andinos, con la asistencia de 120 líderes indígenas de esta región, y donde se ratificó el proceso hacia la constitución de una Coordinadora Andina, resolviéndose ampliar el ámbito de actuación, con el fin de incluir al pueblo mapuche y a los pueblos indígenas de Colombia.

Según uno de sus líderes, Miguel Palacín Quispe, las reivindicaciones y actividad política y práctica de la CAOI se definen siguiendo seis ejes principales:

·         La defensa de la tierra y los territorios, y la unidad con la naturaleza.

·         La construcción de Estados plurinacionales y sociedades interculturales, a través de asambleas constituyentes con representantes legítimamente elegidos por los pueblos indígenas.

·         La lucha por la implementación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por ejemplo a través de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas o la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

·         La reconstitución de los pueblos y la articulación del movimiento indígena andino en el marco de la CAOI, y el impulso de la coordinadora continental de pueblos indígenas del Abya Yala.

·         La legítima representación de estos pueblos en los procesos nacionales e internacionales, con delegados elegidos y controlados desde las comunidades.

·         La lucha contra la criminalización de las demandas indígenas y por la desmilitarización de sus territorios, para lo cual se desea constituir una misión diplomática indígena a fin de denunciar en todas las instancias la criminalización de los pueblos indígenas.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)

Es la organización internacional que aglutina a nueve organizaciones amazónicas nacionales, fue promovida en 1981 para tener fuerza a la hora de defender los territorios, culturas y derechos de los indígenas amazónicos. Las organizaciones que forman la COICA son: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Amerindian Peoples’ Association of Guyana (APA), la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Coordenação das Organizações Indígenas da Amazonia Brasilerira (COIAB), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), el Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE), la Federation des Organisations Amerindiennes de Guyane (FOAG), Organisative van Inheemsen in Suriname (OIS) y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). La oficina central se encuentra oficialmente en Quito, en donde COICA es legal y jurídicamente reconocida por el Estado ecuatoriano. Los objetivos de COIA son: promover, desarrollar e impulsar los mecanismos necesarios para el trabajo entre los pueblos y las organizaciones indígenas amazónicas; defender las reivindicaciones territoriales, la autodeterminación y el respeto de los derechos humanos en los pueblos indígenas; coordinarse juntos como pueblos indígenas, para hablar ante las organizaciones internacionales y las ONG sobre las actividades que se llevan a cabo dentro de la cuenca amazónica; fortalecer la unidad y la colaboración mutua entre todos los pueblos indígenas de la región; y promover la revalorización y reivindicación cultural de pueblos originarios. La COICA fue el resultado de las necesidades de las propias organizaciones indígenas locales, que expresaban un desarrollo en el nivel de conciencia política de los líderes para enfrentarse a retos y problemas comunes. Pero también respondió a las necesidades de las agencias de cooperación internacional y de las grandes ONG ambientalistas de contar con socios locales para impulsar sus agendas y proyectos de desarrollo. Sin embargo, las relaciones con ambos agentes se han ido debilitando en los últimos años, porque las organizaciones indígenas han afirmado su autonomía y su propia agenda política, especialmente en aquellos casos en los que las grandes agencias ambientalistas deseaban la creación de grandes Parques Nacionales, arrebatando la gestión de los territorios a los pueblos indígenas, que deben salir o aceptar quedarse, pero formando parte de la “decoración ecológica”.

La COICA estuvo muy presente en la formulación del Convenio 169 de la OIT y en el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, así como en otros organismos y foros internacionales, como los FSM de Porto Alegre y Caracas o el Foro Social de las Américas. 

Movimientos Indígenas del sur de Latinoamérica

Colombia

Organización nacional indígena de Colombia (ONIC) fue reconstruida entre 1910 y 1946, al calor de luchas en el Cauca y demás zonas del país, en donde la presencia indígena predominaba como la Sierra Nevada de Santa Marta, Huila, Caldas y Tolima, dirigidas por el legendario líder indígena Quintín Lame. Posteriormente se constituyeron Consejos y Ligas de Indios que pretendían reivindicar los derechos de los indígenas, estableciendo alianzas con organizaciones campesinas y obreras. Sin embargo, la Época de la Violencia en Colombia y la represión entre 1946 y 1958 prácticamente diezmo gran parte de la población indígenas y que solo pudo volver a formarse dentro de organizaciones campesinas como la Federación Agraria Nacional, especialmente gracias a el establecimiento del decreto gubernamental de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

La fundación de la ONIC fue el resultado del proceso de reorganización autónoma del Movimiento Indígena en Colombia, iniciado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en la década de 1970. En aquel tiempo tuvo el apoyo de algunas regiones del país. Así conocimos a líderes de los pueblos Arhuaco, Kogui, Sikuani, Emberá, Cañamomo, Pijao, Pasto y Amazónicos, entre otros, quienes en unión de los Nasa, Coconuco y Guambiano, quienes retomaron los ideales indígenas. Estos buscaban darle una identidad más solidad a la ONIC, ya que muchos de los derechos violados e impunes por el Estado Colombiano, comenzaron a ser rechazados y revelados a nivel nacional e internacional a través de un periódico conocido como "Unidad Indígena". Finalmente se restablecieron las diferentes organizaciones indígenas en otros departamentos hasta que en octubre de 1980, en la comunidad Lomas de llarco del municipio de Coyaima, en el Departamento del Tolima, se realizó por primera vez el Primer Encuentro Indígena Nacional de Colombia. En asamblea general acordaron en Lomas de llarco la creación de la Coordinadora Nacional Indígena de Colombia a quien le encomendaron la organización y convocatoria del Primer Congreso Indígena Nacional; así como la constitución de la ONIC. En total la ONIC ha realizado siete

Congresos nacionales, el último, el cual se realizó en Ibagué en el 2007, en dicho congreso la ONIC se constituyó como "Autoridad Nacional de Gobierno Indígena".

 Plataforma de lucha

·         Defensa de la Autonomía organización indígena

·         Defensa de los territorios indígenas y recuperación de las tierras usurpadas, propiedad colectiva de los Resguardos.

·         Control de los recursos naturales situados en territorios indígenas.

·         Impulso a organizaciones económicas comunitarias.

·         Defensa de la historia, cultura y tradiciones indígenas.

·         Educación bilingüe y bicultural bajo el control de las autoridades indígenas.

·         Recuperación e impulso de la medicina tradicional y exigencia de programas de salud acordes con las características sociales y culturales de las comunidades.

·         Exigencia de la aplicación de la Ley 89 de 1890 y demás disposiciones favorables a los indígenas.

·         Solidaridad con las luchas de otros sectores.

·         Aplicación de las conclusiones de los Congresos de la organización.

Organizaciones Afiliadas

·         AsoU´wa

·         Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de Arauca

·         Cabildo Mayor del Pueblo Muisca

·         Cabildo Mayor de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre

·         Consejo Regional Indígena del Cauca

·         Consejo regional Indígena del Guainía

·         Consejo Regional Indígena del Guaviare

·         Consejo Regional Indígena de Caldas

·         Consejo Regional Indígena del Tolima

·         Consejo Regional Indígena del Vaupés

·         Consejo Regional Indígena del Vichada

·         Organización Indígena de Antioquia

·         Organización Regional Embera Wounaan

·         Organización Regional Indígena del Valle del Cauca

·         Consejo Regional Indígena de Risaralda

Brasil  

El consejo indígena de Roraima-CIR es una de las principales organizaciones indígenas de Brasil. Creada en 1987, bajo el primer nombre de consejo indígena del territorio federal de Roraima, es miembro fundador de la Coordenação de Organizações indígenas da Amazônia brasileira- COIAB, principal espacio de articulación del movimiento indígena amazónico brasileño y uno de los principales interlocutores del Estado brasileño.

El CIR representa a diez pueblos indígenas del estado de Roraima, una población que se estima en, aproximadamente, 50000 personas pertenecientes a los pueblos Macuxi, Wachipana, Taurepang, Ingariko, Patarmona, Sapara, Yanomami, Waimiri-Atroari, Wai-Wai y Ye´Kuana.

El modelo organizativo del CIR se caracteriza por una estructura centrada en las comunidades o aldeas indígenas. En ellas está la base de la legitimidad y de las decisiones de la organización. Los tuxauas son los líderes comunitarios que representan la voz de la comunidad y son escogidos por consenso en las reuniones comunitarias.

En el ámbito de la salud indígena, el CIR ha sido uno de los principales artífices de la política de Distritos Sanitarios Indígenas, dependiente del Gobierno Federal y con modelos de autogestión y fuerte control social por parte de las comunidades. Fruto de este proceso, iniciado hace más de 20 años, ya existen más de 374 Agentes indígenas de salud reconocidos oficialmente. En los últimos años, el CIR, junto a organizaciones como la COIAB, ha liderado la reivindicación del movimiento indígena para la creación de una secretaria especial de salud indígena en el marco del ministerio de salud.

El mayor aporte del CIR se sitúa en el ámbito de la Defensa de la Tierra y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en los últimos 20 años, treinta y dos tierras indígenas han sido reconocidas y homologadas por el estado brasileño, cumpliendo la determinación de la propia Constitución nacional de 1988. En la defensa de las tierras, el CIR ha encontrado siempre la oposición sistemática de grandes poderes económicos, relacionados con el agro negocio y la minería, así como la complicidad de sectores de ejército y el sistema judicial y político regional.

Perú

En el Perú existen tres zonas indígenas: la costa, la sierra y la selva.  En la selva se ubican los indígenas amazónicos, con un total de 295.754 habitantes, y en la sierra se encuentran los quechuas y los aymara.

En cuanto a sus organizaciones, la mayoría de los movimientos indígenas peruanos reivindica pretensiones como la transformación de un Estado criollo, monocultural, en un Estado pluricultural; la identidad cultural y a la educación bilingüe; el desarrollo sostenible, la economía solidaria y el rechazo al TLC; el derecho a la autonomía y a la autodeterminación; el reconocimiento de la justicia indígena por la las Comisiones de Reforma del Poder Judicial y de la labor de los jueces de paz no letrados; y la gestión y autonomía de su territorio, recursos naturales y agua.

Antes del nacimiento de una de las principales organizaciones indígenas del Perú, la AIDESEP, los pueblos indígenas de la Amazonía tenían una tradición organizativa propia, de acuerdo con su desarrollo y las tareas que realizaban.

La centralización o coordinación de estas organizaciones se inició con el apoyo y orientación de grupos de religiosos (católicos y evangelistas). Pero tales asociaciones desaparecieron al retirarse los grupos religiosos. Los primeros intentos reales de organización autónoma se inician como mecanismos defensivos contra la penetración de los colonos y las empresas extractivas de materias primas.

En un primer momento, estas organizaciones iniciales fueron locales y comunales, para pasar a convertirse luego en regionales o de cuenca. Los aháninka, los amuesha y los aguaruna del Alto Marañón fueron los que iniciaron el movimiento asociativo y federativo de las comunidades a finales de los años sesenta y principios de los setenta.

El contexto sociopolítico de los años setenta era favorable para el desarrollo de las organizaciones indígenas, tanto en el ámbito internacional como en el nacional: en Perú se producía entonces una experiencia populista militar que aprobó la

Ley de Comunidades Nativas de 1974 y se iniciaba el proceso de titulación de tierras de comunidades. Como parte de esta evolución, los pueblos indígenas avanzaron en su proceso organizativo, conformando en 1979 la Coordinadora de

Comunidades Nativas de la Selva Peruana (COCONASEP), que, al año siguiente (1980), se denominó Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Es importante destacar que, a pesar de mantener muchas características históricas y sociales, políticas y culturales comunes, en Perú nunca se ha desarrollado un movimiento indígena similar en intensidad, fuerza y capacidad de organización y presión al de Ecuador o Bolivia. Para muchos autores, este fenómeno tiene que ver con una complejidad de factores, algunos de los cuales podemos considerar brevemente:

• Fuerte proceso migratorio experimentado por Perú en la segunda mitad del siglo XX. Además, especialmente en Ecuador, la población indígena que emigró se mantuvo vinculada a sus comunidades de origen, dándose lo que se ha llamado una “migración de retorno” o estacional; en el caso del Perú, la conexión a las comunidades de la población indígena inmigrante en las ciudades se veía dificultada por la actividad guerrillera de Sendero Luminoso.

• En Perú nunca existió “una élite intelectual indígena”, orgullosa de su identidad “india”; la intelectualidad peruana de origen indígena ha utilizado la educación como un mecanismo de “blanqueamiento” y asimilación.

• Mientras que Bolivia y Ecuador tuvieron unas débiles políticas indigenistas, en Perú se desarrolló una que pecó de paternalista, limitando la capacidad de los pueblos indígenas de expresarse por ellos mismos y definir su situación. En Perú vemos un fenómeno de apropiación de los símbolos culturales indígenas, especialmente los andinos, por parte de los intelectuales blancos y mestizos, desposeyendo a los indígenas de sus valores y discursos.

• La identidad indígena nunca fue en Perú un estandarte de la lucha guerrillera, por ejemplo de la de Sendero Luminoso, cosa que si pasó con el EGTK en Bolivia. El impacto de la guerrilla ha sido, asimismo, mucho más devastador en Perú que en Bolivia. Por otro lado, mientras las actividades de Sendero

Luminoso se han financiado con el narcotráfico, esto no ha sucedido con la guerrilla boliviana.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Es miembro de la COICA y de la COPPIP. Es una organización nacional presidida por un Consejo Nacional, que se asienta a su vez en seis organismos descentralizados ubicados en el norte, centro y sur del país. Tiene 57 federaciones y organizaciones territoriales, que representan a las 1.350 comunidades donde viven 350.000 personas, agrupadas en 16 familias lingüísticas.

Organizaciones y pueblos pertenecientes a AIDESEP

Los objetivos de AIDESEP son:

a) representar los intereses inmediatos e históricos de todos los pueblos indígenas de la Amazonía;

 b) garantizar la conservación y el desarrollo de la identidad cultural, el territorio y los valores de cada uno de los pueblos indígenas de la Amazonía;

c) la libre determinación de los pueblos indígenas, en el marco del Derecho nacional peruano y del Derecho internacional; d) promover el desarrollo humano y sostenible de los pueblos indígenas. En la Amazonía peruana existen 56 pueblos indígenas, agrupados en 17 familias lingüísticas.

Las organizaciones que integran AIDESEP son:

A) ARPISC: Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central. Comprendelos siguientes pueblos indígenas: asháninka, nomatsiguenga, yanesha, yine yami.

B) CORPI San Lorenzo: Coordinadora Regional de los Pueblos de la Región de San Lorenzo (cerca de la frontera con Ecuador).

Comprende los siguientes pueblos indígenas: asháninka, nomatsiguenga, yanesha, yine yami.

C) FERNAMAD: Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes, cerca de la frontera con Brasil, con los siguientes pueblos indígenas: harakmbut, yine, amahuaca, machiguenga, yora, nahua, quichua runas, ese-ja.

D) ORPIO: Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, que agrupa a los siguientes pueblos indígenas: cocama, cocamilla orejón, secoya, huitoto, bora, maijuna, yahua achuar, urarina muratu maijuna, kechuas del tigre, bora, ticuna, kichuaruna, wangurina.

E) ORAU: Organización Regional AIDESEP Ucayi, Región de Iquitos, que agrupa a los siguientes pueblos indígenas: asháninka, shipibo, amahuaca.

F) ORPIANP: Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, y tiene los siguientes pueblos indígenas: awajún, wampis, kechuas de lamas.

La Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas de Perú (COPPIP)

Agrupa también a los pueblos campesinos y pretende representar políticamente a las organizaciones indígenas de la costa, sierra y selva del Perú, que poseen mandato directo emanado de sus comunidades de base, sean campesinas o nativas. La COPPIP no está integrada por ONGD, sino por organizaciones netamente indígenas, habiendo sido decidido por el Comité Ejecutivo que las ONGD y las organizaciones pro indígenas tienen un papel exclusivamente de acompañamiento. A iniciativa de sus miembros, la COPPIP elabora propuestas sobre diversos aspectos que interesan a los pueblos indígenas del Perú, bajo los principios de respeto, consulta y participación.

La COPPIP se creó en diciembre de 1997, durante el I Congreso Nacional de Derechos Indígenas del Perú realizado en la ciudad del Qosco, y se define como “un proceso abierto y con la intención de comenzar a forjar una voluntad colectiva indígena”. Participó activamente en la propuesta y organización de la Primera Consulta Nacional sobre Ley Indígena en Perú en 2003, en donde también lo hizo AIDESEP.

La Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA)

La Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) es una organización representativa de las organizaciones de base del departamento de Puno. Representa al Pueblo Aymara del Perú y su actividad está orientada a la búsqueda de un desarrollo integral sostenible y el fortalecimiento para mejorar los niveles de vida, mantener y revalorizar la identidad aymara y asegurar su participación en los beneficios del desarrollo, superando así la marginación y la lucha contra la extrema pobreza, tanto en el Departamento de Puno como en el resto del país.

La actividad de UNCA es integral y abarca aspectos políticos, económicos, sociales, formación de líderes y técnicos, y fortalecimiento organizacional.

Ecuador

En Ecuador, los pueblos originarios se ubican en tres grandes áreas: pueblos de la Costa, los de la Sierra y los de la selva o la Amazonía.

Ecuador cuenta con una población aproximada de 13.408.000 habitantes, con una proporción de población indígena de entre el 6% y el 7%, mayoritariamente concentrada en el área de la Sierra. El criterio de clasificación étnica empleado es la combinación de dos: el de la autoadscripción y el de lengua hablada.

La actual constitución reconoce el carácter plurinacional del Ecuador y establece que las lenguas indígenas forman parte del patrimonio cultural del país y constituyen lenguas principales de educación en las áreas de su dominio, además de incorporarlas a los procesos judiciales cuando en ellos se vean afectados indígenas.

En el Ecuador se hablan diez lenguas indígenas, siendo el quechua la que cuenta con una mayor cantidad de hablantes. Pero, a pesar de las consignas de apertura y plurinacionalidad invocadas por los gobiernos, resultan estadísticamente obvias e innegables la exclusión, la marginación y la pobreza que sufren las comunidades indígenas: el 69,5% de la población indígena ecuatoriana vive en la pobreza absoluta (pobreza más indigencia), como señala la Tabla 1; y aun cuando los campesinos indígenas producen el 75% de los artículos básicos, sólo cuentan con el 35% de la productividad.

El escenario político ecuatoriano muestra una fractura estructural del poder desde los acontecimientos del 21 de enero de 2000, cuando el movimiento indígena, en una alianza con militares de rango medio, logró destituir al presidente Jamil Mahuad, al tiempo que constituía un efímero gobierno de “salvación nacional”. Tal movimiento indígena surgió como uno de los actores políticos más relevantes de Ecuador a raíz de la escalada especulativa del dólar, cuando los sectores de la economía presionaron para que el Gobierno adoptara la convertibilidad o dolarización. Su papel político atemorizó y asombró a una parte de la sociedad, entre otras cosas, debido al alto grado de desconocimiento que aún hoy existe sobre el movimiento indígena, que durante mucho tiempo fue marginado. Como en otros países latinoamericanos (México o Guatemala), la sociedad ecuatoriana está marcada por una histórica y destacada brecha racial: no sólo niega sus raíces indígenas, sino que muestra un cierto desprecio hacia los símbolos de la cultura indígena

Los indígenas cuentan con multitud de organizaciones, pero dos destacan por su fuerza y por ser las más importantes a nivel nacional y regional: la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana).

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)

Se constituyó el 16 de noviembre de 1986, fundada a partir de la actividad de un grupo de jóvenes provenientes de las comunidades indígenas que participaron en un programa universitario de educación bilingüe auspiciado por el Gobierno junto con la Universidad Pontificia de Ecuador. En su discurso destacan: la reconstrucción de la historia ecuatoriana como resistencia y la revitalización de las construcciones culturales indígenas sobre el territorio, combinado todo ello con el lenguaje técnico de la ecología.

Sus objetivos son: dar dirección política al movimiento indígena a fin de lograr la igualdad económica, sociocultural y política; promover y consolidar el proceso organizativo de las nacionalidades y organizaciones indígenas; recuperar y defender sus territorios y luchar por el derecho a la autodeterminación de los pueblos; representar a las nacionalidades indígenas ante el Estado y sus gobiernos de turno y ante las instituciones de desarrollo nacionales e internacionales; recuperar la historia, la cultura y las tradiciones; y fomentar las relaciones internacionales a través de una política de apoyo, cooperación, respeto y solidaridad entre todos los pueblos

Simultáneamente, la CONAIE está conformada por tres organizaciones regionales y éstas a su vez por otras provinciales, parroquiales y cantonales, que se mueven en los ámbitos local y regional.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana  (CONFENIAE)

Su asociacionismo es una respuesta a la actividad que las empresas extractivas han llevado a cabo en la Amazonía boliviana, explotando los recursos naturales ubicados en los territorios indígenas, provocando la destrucción de la base productiva y alimentaria de los pueblos indígenas amazónicos y arrasando su medio ambiente.

La resistencia de parte de las nacionalidades indígenas a que fueran invadidos sus territorios por las empresas petroleras y mineras tuvo como consecuencia la estrategia de dividir y fragmentar la organización y las federaciones regionales indígenas a través de la corrupción de sus dirigentes por medio de la actividad del Estado y de las llamadas relaciones comunitarias de las empresas, originando fuertes y frecuentes crisis en el incipiente movimiento indígena. Frente a tal estrategia, la CONFENIAE está en proceso de fortalecimiento y reestructuración tras una prolongada crisis, a fin de establecer un programa común para las nacionalidades amazónicas, agrupadas en 16 federaciones, con un proyecto político de largo y medio plazo, y cuyos objetivos son: la defensa y conservación territorial y del medio ambiente; el fortalecimiento organizativo tanto regional como por federaciones; mejorar los sistemas de comunicación para la afirmación de la identidad cultural, social y organizativa; lograr mejores servicios públicos de parte del Estado; y un desarrollo económico y productivo propio, en armonía con los valores culturales y el medio ambiente. Para alcanzar tales objetivos, en los últimos años se han iniciado contactos con otras asociaciones y organizaciones en el ámbito nacional e internacional, y de índole cultural y ecológica.

Desde el 2004, la CONFENIAE está enfrentada a la explotación petrolera en el Parque Nacional de Yasuni por Repsol YPF, lucha que está siendo liderada por la ONHAE, principal organización del grupo étnico de los huaoraní, de la que queremos resaltar algunas de sus características.

La Organización de la Nacionalidad Huaoraní de la Amazonía

Ecuatoriana (ONHAE)

El pueblo huaoraní es un pueblo indígena de la Amazonía Central de Ecuador, con una población de alrededor de 2.000 personas distribuidas en 25 comunidades.

Tienen un territorio legalizado de 615.000 hectáreas, pero habitan una extensa zona que incluye el Parque Nacional Yasuni y áreas de tres provincias: Napo, Pastaza y Orellana. Sus medios de subsistencia son la caza, la pesca, la recolección de productos de la selva y la agricultura.

La riqueza y diversidad de la flora y fauna amazónicas siempre les ha proporcionado la alimentación, las herramientas y el vestuario, al tiempo que la selva ha sido su espacio simbólico, de soberanía y de refugio frente a otros pueblos y potenciales invasores. La guerra ha sido siempre una forma de defensa.

Bolivia

La población indígena de Bolivia representa el 62% del país (Tabla 2). Los dos grupos étnicos más representativos son el quechua, con un total de 1.510.560 individuos, y el aymara, con 1.243.728; aparte, y muy especialmente en la zona de la selva, hay multitud de pueblos indígenas. Dentro de la gran diversidad étnica de Bolivia, la primera división se produce entre la unidad cultural que suponen los pueblos andinos, mayoritarios, y la dispersión de los pueblos orientales (o de las tierras bajas) que, todos juntos, apenas constituyen el 2% de la población nacional.

Los pueblos andinos, con la parcial excepción de los urus, son parte de una misma cultura, aunque expresada en dos lenguas distintas –quechua y aymara–, cuya actual distribución geográfica es diferente de la que tuvieron en el pasado.

Tanto los quechuas, como los aymaras, se dedicaron antiguamente a un sistema combinado de pastoreo y agricultura, muy adaptado a la compleja ecología andina, formando desde entonces un entreverado tejido de ayllus, cada uno de los cuales tenía acceso a diversos pisos ecológicos. Por vecindad o conquista fueron surgiendo diferentes confederaciones de ayllus y, al final, incluso un único Estado: el Tawantinsusu o “los cuatro territorios unidos de los incas”. El régimen colonial utilizó este sistema político y lo aprovechó para subordinar a todos estos pueblos, con apoyo de la iglesia. Todos se hicieron cristianos, pero sin perder por ello muchos de sus ritos y creencias ancestrales. Pasados los siglos, las principales diferencias entre los pueblos andinos no se deben ya a ancestros diferenciados, sino a su diversa articulación con la economía y la sociedad dominantes. Esta articulación depende de muchos factores, entre otros, de la ubicación urbana o rural, de las características ecológicas, del acceso vial y al mercado, del influjo de los inmigrados, de la mayor o menor presencia de escuelas e iglesias, etc.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia

(CSUTCB)

Escisión de la CNTCB, la CSUTCB se constituyó el 26 de junio de 1979 y obtiene su personería jurídica el 1 de agosto de 1985. Es la principal organización sindical de los pueblos originarios quechuas, aymaras, tupí guaraníes y de otros trabajadores del campo. Está afiliada a la Central Obrera Boliviana (COB). Sus dirigentes lograron, bajo el liderazgo aymara, romper con el pacto militar campesino y convertir la identidad étnica en un ámbito de definiciones políticas.

La CSUTCB es una organización reconocida en Bolivia e internacionalmente por los logros alcanzados a través del trabajo de sus líderes, de las movilizaciones sociales, alianzas con otras organizaciones, procesos de capacitación e información, participación en los medios de comunicación y en las diferentes estancias de representación.

Participó activamente en el Pacto de Unidad que unificó al movimiento campesino, indígena y originario. La CSUTCB tenía en mayo de 2007 pactos de unidad con las siguientes organizaciones:

• CSCB: Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia.

• FNMCB-BS: Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”.

• CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu.

• MST: Movimiento Sin Tierra, Bolivia.

• APG: Asamblea del Pueblo Guaraní.

• CPESC: Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz.

• CPEMB: Central de Pueblos Mojeños de Beni.

• BPCINAB: Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia.

• Bloque Oriental: Organizaciones campesinas e indígenas del oriente boliviano.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)

Formada por 34 pueblos indígenas del Oriente, Chaco y la Amazonía, CIDOB se fundó formalmente en octubre de 1982, en Santa Cruz de la Sierra, con la participación de representantes de cuatro pueblos indígenas del Oriente Boliviano: guaraní-izoceños, chiquitanos, ayoreos y guarayos. El proceso de unificación de los pueblos indígenas el Oriente se inició, sin embargo, alrededor de 1979, cuando se dieron los primeros contactos entre representantes de los mencionados pueblos, a iniciativa del entonces líder guaraní, Mburuvichaguasu Bonifacio Barrientos Iyambae, llamado también “Sombra Grande”.

En noviembre de 1998, en la 11.ª Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas, celebrada en la ciudad de Camiri, participan los 34 pueblos indígenas, los mismos que constituyen la Confederación. Estos pueblos habitan en toda la región de tierras bajas, es decir, en siete de los nueve departamentos que forman el país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Trópico de Cochabamba y Norte de La Paz). Las organizaciones regionales ya consolidadas y fortalecidas son: CPIB, Central de Pueblos Indígenas del Beni; CIRABO, Central Indígena de la Región Amazónica; CPESC, Central de Pueblos Etnicos de Santa Cruz; APG, Asamblea del Pueblo Guaraní; ORCAWETA, Organización de Capitanías Weehnayek; CPILAP, Central de Pueblos Indígenas de La Paz; CPITCO, Central de Pueblos Indígenas del Trópico Cochabamba; y CIPOAP, Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando.En la propuesta política de CIDOB podemos observar una innovadora mezcla de derechos humanos y derechos colectivos y una nueva concepción del Estado unitario pluriétnico

Movimientos Indígenas de México y Centroamérica

México

El movimiento indígena resurgido desde comienzos de los años noventa a nivel tanto nacional como internacional, para únicamente remonta en gran parte a iniciativas gubernamentales. Para limitar la creciente influencia que los actores no-gubernamentales y particularmente en Chiapas Eclesiásticos estaban ganando en las formas de organización locales y regionales, en bajo el gobierno de Echeverría (1970-1976) y con el apoyo decisivo del partido-Estado y de las instituciones indigenistas del Estado se crean los denominados consejos supremos para cada una de las etnias indígenas de México (Barre 1983; Mejía Piojeros  Sarmiento Silva 1987). Una vez centralizados en 1975 bajo la tutela institucional del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas  después de haber sido sometidos en 1979/80 al estricto control gubernamental y partidista, estos gremios indígenas exigieron subsisten sin impacto local alguno.

Los actores de este ensayo autonómico valoran la capacidad de sus pueblos de garantizar seguridad en su territorio –lo que ninguna autoridad ni policías estatales les aseguraron–, así como de construir un nuevo derecho y una nueva justicia a escala regional, a partir de principios, normas, procedimientos e instituciones centrados en el “espíritu comunitario”, y enriquecidos por la reflexión y la discusión entre los diversos pueblos que confluyen en la Asamblea Regional. Se trata, como ellos lo caracterizan, de un derecho “antiguo y nuevo a la vez”, y de “una justicia pública y colectiva”, en la cual las resoluciones se toman colectivamente “para impedir que se cometan errores o arbitrariedades en la impartición de justicia”, así como “para asegurarse la justicia, la seguridad, la armonía en la convivencia y la paz”. Pero esta experiencia autonómica enfrenta, al igual que la zapatista, el hostigamiento y la amenaza constantes por parte del ejército y de la policía estatal.

Otras declaraciones públicas de ejercicio de la autonomía de hecho, cuyo objetivo inmediato es recuperar y proteger sus derechos territoriales, son la Comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito, municipio del Mezquital, Durango, y la comunidad nahua de Santa María Ostula, de la Costa de Michoacán. En ambos casos, las comunidades llevaban años de lucha en los tribunales agrarios por la restitución y el reconocimiento de sus derechos territoriales, cercenados por resoluciones presidenciales. Estas resoluciones, a la vez, crearon una situación de conflicto entre las comunidades despojadas y los grupos que pretenden apropiarse de sus tierras ancestrales.

En los tiempos en que los pueblos indígenas se levantaban por recuperar aquello que les había sido arrebatado e impedir la dominación, comenzó el largo desfile de los movimientos sociales.

Desde el Magonismo hasta el Zapatismo la consigna casi no ha cambiado. Sigue siendo el clamor de un pueblo por la justicia social.

A principios del siglo XX, en un México predominantemente rural surge el Movimiento Magonista influenciado por el pensamiento anarquista y liberal y defensor indígena. Y cuyo nombre proviene de los Hermanos Flores Magón Esto en el año de 1892.

•          Las Guerrillas de Tetabiate

Fue un movimiento indígena que surgió a finales del siglo XIX y que fue duramente perseguido por el régimen Porfirista. Su principal líder fue el Jefe Tetabiate quien muere el 1901 después de las batallas de Baagum, Nogales y Mazocoba en el que los generales Porfiristas asesinaron a miles de Yaquis. Tiempo después el Movimiento Yaqui se une a las filas de los Magonistas.

•          Huelga de Cananea y Río Blanco

Fue un movimiento indígena que surgió a finales del siglo XIX y que fue duramente perseguido por el régimen Porfirista. Su principal líder fue el Jefe Tetabiate quien muere el 1901 después de las batallas de Baagum, Nogales y Mazocoba en el que los generales Porfiristas asesinaron a miles de Yaquis. Tiempo después el Movimiento Yaqui se une a las filas de los Magonistas.

•          Los Cristeros

De 1926 a 1929 durante el gobierno de Elias Calles surge un movimiento armado a cargo del clero católico que se oponía a las reformas que le retiraban la autonomía a las organizaciones religiosas a quienes también se les impedía la realización de actividades fuera de los templos y no podían participar en la política ni poseer propiedades.

•          Grupo de Cristeros en Morelia, Michoacan.

El movimiento armado se dio principalmente en las zonas rurales del centro y occidente del país, comenzando en Jalisco. Finalmente depusieron las armas en el siguiente sexenio en el que fue presidente Portes Gil.

•          1953 – Movimientos Feministas logran el derecho a la ciudadanía de las mujeres

Un grupo de mujeres organizadas emprendían una larga y extenuante lucha por el reconocimiento de su ciudadanía.

En 1923 Elvia Carrillo Puerto resulta electa como diputada en Yucatán cargo que tiene que abandonar debido a varias amenazas de muerte, nuevamente resulta electa en San Luis Potosí pero el Colegio Electoral no reconoce su triunfo.

No es hasta 1953 cuando las organizaciones feministas logran el derecho al voto y la igualdad de derechos constitucionales. México fue uno de los países que mas tardó en reconocer este derecho.

El 1 de enero de 1994 en Chiapas surge el movimiento Zapatista (EZLN) compuesto en su mayoría por indígenas y con principios marxistas, surgió el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, USA y Canadá. Cuando un grupo armado tomó varias cabeceras Municipales de Chiapas.

Guatemala

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- condena la violación sistemática a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Guatemala, recrudecida durante el actual gobierno bajo la pretensión de imponer a los pueblos de nuestros país el despojo de sus derechos, ladestrucción de sus autoridades ancestrales y la imposición de un modelo de desarrollo excluyente y destructivo de sus territorios, su medio ambiente y sus recursos naturales.

El MSICG condena que al proceso de remilitarización del país se sume el uso cada vez más agresivo del ejército legitimado a través del abuso de los mecanismos extraordinarios que regula la Ley de orden público así como el uso de la criminalización como herramienta para acallar la protesta social surgida de la falta de voluntad del gobierno de respetar los derechos de los pueblos indígenas y de la población del país.

El MSICG lamenta la complicidad del Ministerio Público en tales estrategias, garantizando la impunidad de la línea de mando (como en el caso de Totonicapán), omitiendo actuar con agilidad y eficiencia respecto a los abusos cometidos durante un estado similar implementado en Santa Cruz Barillas y omitiendo cualquier persecución penal efectiva en contra de Minera San Rafael S.A. y las empresas de seguridad privada involucradas en los actos de violencia contra la población y dirigentes comunitarios, entre otros casos similares.

El MSICG recuerda a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público que el deber de la institución que dirige es garantizar el Estado de derecho (que incluye los derechos de los pueblos indígenas, la resistencia pacífica y la protesta social) y el cumplimiento de la ley sin discriminación alguna y no el convertir el Estado de derecho en un mecanismo de legitimación de la represión contra dirigentes comunitarios, campesinos, sindicalistas, estudiantiles y demás defensores de derechos humanos.

El MSICG rechaza el estado de sitio impuesto mediante el Acuerdo Gubernativo 06-2013 que afecta a pobladoras y pobladores del municipio de Jalapa; la Comunidad Indígena Santa María Xalapán, y Mataquescuintla, y en el departamento de Santa Rosa a los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores y recuerda que la Ley de Orden Público (promulgada el 9 de diciembre de 1975) es un cuerpo normativo incompatible con nuestra Constitución y cuyo contenido, que garantiza la posibilidad de militarizar la sociedad y suspender las garantías fundamentales de la población asumiendo funciones constituyentes, por lo cual demandamos al Congreso de la República de Guatemala su inmediata derogatoria.

El MSICG hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a condenar el rumbo que ha tomado el actual gobierno de agravar el desconocimiento de los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado de Guatemala, particularmente en lo referente a los derechos de los pueblos indígenas, a través del uso de la violencia, la suspensión arbitraria de garantías básicas, la violencia contra la población, la persecución, criminalización y encarcelamiento de sus dirigentes proscribiendo la protesta social como elemento fundamental de la democracia.

El MSICG demanda al Ministerio de Gobernación el inmediato retiro de las licencias de operación a las empresas de seguridad privada involucradas en actos de violencia contra la población y al Presidente de la República de Guatemala el cese de la represión y criminalización de la protesta social y le recuerda que el pleno respeto del Estado de derecho, la adecuada atención de las demandas sociales y la inclusión de la población en las políticas gubernamentales son las características que distinguen una buena gobernanza de una dictadura.

El Salvador

El Salvador es un país cuyos indicadores sociales y económicos lo delatan en desventaja; la pobreza es una condición vinculada principalmente a los sectores rurales, y dentro de éstos a los /las campesinos /as e indígenas. Entonces es de esperar que los procesos migratorios se den desde el campo hacia la ciudad, bajo la esperanza de que la ciudad ofrezca oportunidades de trabajo que permitan generar ingresos para hacer menos difícil la situación de la mayor parte de la población.

La distribución de los ingresos, a pesar de 18 años de paz y un primer gobierno de izquierda, continúa siendo injusta. Un pequeño porcentaje de población cuenta con la mayor parte de la riqueza nacional. Las condiciones de vida de la gente salvadoreña, en cuanto a salud, educación, vivienda, empleo, en general son deficitarias.

Las remesas se han convertido en los últimos cinco años en el pilar más fuerte de la economía, muchos salvadoreños y salvadoreñas emigran diariamente, en busca de un sueño. Los gobiernos presidenciales pertenecieron a la derecha en los últimos cuatro períodos, y a pesar de veinte años de llevar impulsando un modelo económico que pretendieron que ofreciera un “rebalse económico”, la situación de las personas es ahora mucho más complicada que antes. Un primer año de gobierno de izquierda, si buscara seriamente resolver la problemática socioeconómica, sería insuficiente. Ni tan siquiera un período presidencial. La promulgación de leyes desde el órgano legislativo, cuenta con el respaldo del Ejecutivo; las propuestas del Ejecutivo son respaldadas por el Órgano Legislativo en una argumentación que se cierra ante la aritmética legislativa, donde la suma y resta bota cualquier argumento inteligente de cualquier partido.

Tantos campesinos /as como indígenas tienen una historia común basada en un hecho ineludible de la historia de El Salvador: la masacre de 1932; Existe además, una necesidad histórica todavía no resuelta: la propiedad de la tierra. La tenencia de la tierra ha sido un factor determinante tanto para el sector campesino como para el sector indígena salvadoreño.  En ambos casos, se ha mancillado la dignidad tanto de indígenas como de campesinos /as.

Los /las indígenas han sufrido, históricamente, los embates de los poderosos, desde Anastasio Aquino, en 1830, hasta la fecha Aquino se rebeló contra la política de los gobernantes generando un proceso de lucha sobre la defensa de la tierra y la autonomía de los pueblos En la década de los ochentas y noventas, otro cacique indígena puso de nuevo en relieve lo indígena, Adrián Esquino Lisco, quien modernamente asumió un papel de importancia en la denuncia, la proposición y la protesta pública a favor de los /las campesinos /as. Solidariamente también marchaba junto a los trabajadores y trabajadoras. El problema de la tierra no ha logrado resolverse, ni para indígenas ni para campesinos /as. Un breve intento de Reforma Agraria en 1974, impulsado por el entonces presidente Arturo Armando Molina hubo de ser abortado, luego de que las organizaciones de terratenientes dispusieran enfrentar la promoción de la reforma. Ninguno de los procesos relacionados con la transformación en torno a la propiedad ha podido resolver las necesidades más importantes de los sectores campesinos e indígenas. La tierra es de utilidad para la creación de recursos alimentarios y como fuente de producción. Eso no se resuelve con la mera tenencia, sino con asistencia técnica, soporte financiero y tecnología adecuada, esos aspectos siguen siendo débiles en el país Luego, en 1980, como resultado de un análisis para eliminar las banderas de lucha de los sectores guerrilleros, se decide efectuar una reforma que adoleció de diversas fallas técnicas; la principal de ellas, basada en la ausencia de una buena asistencia técnica que enfrentara la falta de preparación de los campesinos y campesinas para la gestión organizativa de la población campesina y gestión productiva de la tierra. Las organizaciones de campesinos /as se convirtieron en una fortaleza del movimiento social, luego que desde la Iglesia Católica se consolidó a FECCAS (Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños) y desde la organización de la población se estableció la UTC (Unión de Trabajadores del Campo). Las organizaciones indígenas en la actualidad se encuentran representadas principalmente en el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), que el aglutina a un total de 15 organismos indígenas. A éstos se suman otro tanto de organizaciones no agrupadas, pero que representan a un sector importante de población indígena.

En el sector campesino, se identifica a algunos movimientos de carácter global como Vía Campesina y el Comité Latinoamericano de Organizaciones Campesinas (CLOC).

A nivel nacional, varios grupos de organizaciones conforman un entramado muy fuerte de tejido organizativo social, así encontramos a:

·         La Coordinadora Nacional Agropecuaria (CNA)

·         La Coordinadora del Movimiento Social(CMS)

·         El Grupo de los 7 (G7)

·         El Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR 12)

·         El Bloque Popular Social (BPS)

·         La Coordinadora Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), un organismo aglutinador creado desde la iniciativa de Vía Campesina – CLOC

·         El Bloque Agropecuario (BA)

·         La Confederación de Cooperativas de la Reforma Agraria (CONFRAS).

Las organizaciones más importantes a nivel campesino son: CNA, CONFRAS, CRIPDES. Sin embargo organizaciones que efectúan tareas de movilización e incidencia política son MPR 12, G7 y el BPS. En cuanto a las coordinaciones, desde el sector campesino se establece relación sobre temáticas como los transgénicos, el Convenio 169 de la OIT, y los derechos de los pueblos indígenas. Las relaciones se establecen con el Consejo Indígena Centro Americano (CICA), Comité Técnico Multisectorial para Pueblos Indígenas (CMTPI), la Secretaría de Cultura y el Fondo Indígena. Por el sector campesino, es evidente la relación entre Vía Campesina, CLOC y la CNTC, como vertientes de un solo pensamiento y organización, aunque en un nivel más amplio, de carácter regional.

Así, se vuelven las principales banderas del sector campesino, temáticas como:

·         La reforma agraria

·         Comercialización

·         Tratados de libre comercio

·         Acceso al crédito

·         Lucha por el salario digno

·         Regulación de precios de insumos

·         Legalización de tierras

·         Medio Ambiente

Algunas banderas de lucha de los sectores indígenas y campesinos son:

·         Lucha contra los proyectos de minería.

·         La legalización de tierras y lo relativo a la reforma agraria.

·         Lucha contra las privatizaciones de los servicios básicos.

·         Demanda hacia el Estado para obtener una política de desarrollo rural y acceso a la tierra.

·         La defensa de los Acuerdos de Paz.

Tanto las organizaciones indígenas como las campesinas, surgen en la medida que sus derechos básicos les son negados. La población establece sus mecanismos de protesta, a través de las organizaciones.

En ese sentido, la organización es el espacio ciudadano, organizado para demandar y presionar al Estado para que asuma la responsabilidad del desarrollo y asegurar el cumplimiento de los derechos que propicien una vida digna y el fortalecimiento de un proceso democrático caracterizado por la inclusión y participación de todos los sectores.

El CCNIS, es el organismo más prestigioso del movimiento indígena, y considera la importancia de ampliarse y visibilizarse.

Los y las campesinos /as ya han logrado hacerse ver, el movimiento social local (CONFRAS, CNA, CNTC) tiene intereses muy similares, especialmente en cuanto a Reforma  Agropecuaria, éste es además el tema donde hay mayor coincidencia de todas las organizaciones.

Hoy falta evidenciar que sucederá en el segundo año de presidencia de Mauricio Funes y el FMLN.

Nicaragua

El Movimiento Indígena de Nicaragua (MIN) como organización nacional aglutina a la mayoría pueblos y organizaciones indígenas que se han venido consolidando en el marco de un proceso de unidad nacional en la búsqueda de alternativas que conduzcan al desarrollo integral sostenible

Existen diversos pueblos indígenas en lo que hoy constituye el Estado de Nicaragua. De acuerdo a sus características históricas se pueden agrupar en dos grandes corrientes, quienes sufrieron la colonización española y pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, que constituyen las poblaciones aborígenes que han persistido como cultura y pueblos organizados, con sus propias tradiciones y expectativas.

Las naciones indígenas y negras constituidas por chorotegas, nahuatl, matagalpas, hokanos (sutiabas), jinotegas, sumus/mayangnas, ramas y miskitus, así como los pueblos garífunas y negros criollos.

Las principales comunidades indígenas presentes en el País son los Mismitos, Mayagnas (sumos), Garifonas, Ramas, Creoles, todas ellas ubicadas en la Costa Atlántica de Nicaragua. En el Pacifico figuran las comunidades Indígenas de Subtiava (León), y Monimbo (Masaya). En el norte del País se encuentran las comunidades indígenas de Sebaco (Matagalpa), Matagalpa (dispersas en los municipios de San Ramos, San Dionisio, y Matagalpa), Mozonte (Nueva Segovia), Jinotega y Madriz (San Lucas y san José de Cusmapa).

En octubre de 1991, el Gobierno nicaragüense declaró gran parte del territorio indígena de la Costa Atlántica, Reserva Nacional de Recursos Naturales, hoy ampliamente conocida como Bosawas. Esta reserva es la más extensa en Centroamérica y en enero de 1998, la UNESCO la declaró Reserva de la Biósfera. La reserva fue declarada como tal sin consulta con las 34,000 habitantes indígenas de la zona, miskitos y mayagnas, quienes hasta hoy mantienen ese reclamo ante las autoridades gubernamentales. Además mantienen la sospecha de que el Gobierno la declaró área protegida para tomar ventaja de los recursos que ahí se encuentran y siguen considerándolo como una violación a sus derechos a la tierra y sus recursos.

Movimiento social indígena

La influencia del movimiento indígena en la progresiva aceptación de un mayor pluralismo por parte del Estado y de la sociedad es indiscutible en América Latina desde que empezó a cobrar fuerza en los años setenta y se expandió y fortaleció en los ochenta, período de crisis económica pero de recuperación democrática. Las reivindicaciones indígenas se dirigen al reconocimiento de sus derechos en diversos sectores, y no sólo en el plano nacional sino en el internacional. Es patente una mayor presencia indígena en organismos internacionales en los últimos años, reflejada, entre otros aspectos, en una creciente atención a sus demandas y en una más visible participación en la elaboración de normas, acciones y recomendaciones a ella dirigidas.

Declaran que no permitirán más concesiones sobre los recursos naturales (tanto del suelo, como del subsuelo y plataforma marina); y que se oponen a que el gobierno y las empresas extranjeras estén decidiendo sobre megaproyectos sin el consentimiento de los pueblos indígenas.

Costa Rica.

Costa Rica fue uno de los primeros países centroamericanos en incluir los derechos indígenas en su ordenamiento legal. Ya en 1939 se declaró área “inalienable y exclusiva” la tierra ocupada por los indígenas y en 1959 adquirieron un rango superior al de la ley al adoptar Costa Rica el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo. En 1973 se crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), en 1977 se promulga una Ley Indígena y en 1992 se ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Pero toda esta normativa no les ha servido a los pueblos originarios para salir de la exclusión social y así lo reconoce el mismo censo. Salud, educación, agua potable, electricidad, comunicación, transporte, telecomunicaciones… cualquier variable de calidad de vida que se tome es desfavorable a los indígenas comparados con el resto de la población e incluso entre ellos mismos dependiendo de si se vive dentro o fuera de los territorios, de ahí esa referencia importante a que el 37% de los indígenas vive no dentro de ellos, sino en las cercanías. No renuncian a vivir en sus tierras pero las condiciones en las que se desarrolla su existencia les hacen alejarse así sea unos cuantos kilómetros. Por dar algunos datos: la escolaridad media de los niños no indígenas es de 7’6 años mientras que la de los niños indígenas se reduce más de la mitad, a los 3’4 años; se cataloga como “en buen estado” el 27% de las viviendas (48% en los aledaños de los territorios, 65% en el resto del país); el 46’5% posee agua en la vivienda proveniente de un sistema de acueducto, el 38% electricidad (90% en el resto del país en ambos). Según el censo, sólo el 7’6% de los indígenas manifiesta tener sus necesidades básicas satisfechas, mientras que es el 60’4% quien afirma lo mismo en el resto de Costa Rica.

El caso de los primeros es comprendido por los indígenas, el de los segundos no.

Ese año 2000 las organizaciones indígenas enviaron un documento al gobierno recordatorio de los casos pendientes de demarcaciones de tierras, exigiendo una ley de biodiversidad que protegiese sus territorios de la explotación masiva de los recursos naturales en ellos existentes y recordando el derecho de consulta previa al que, según la legislación internacional, está obligado el gobierno en estos casos ligándolo con una reivindicación permanente: la autonomía de sus territorios que venían reclamando desde 1992, una vez había adoptado Costa Rica el Convenio 169 de la OIT. Los pueblos indígenas solicitaban la adopción de nuevas normas jurídicas y directrices gubernamentales “en el sentido de asegurar que se promuevan actividades empresariales y comerciales en nuestros territorios caracterizadas por el derecho de los indígenas a decidir nuestras propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, cuando estas afecten nuestras vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupamos”

Panamá.

Como el resto de países del continente americano, Panamá reconoce ciertos derechos a los indígenas en la Constitución como la promoción de la identidad étnica y cultural, al tiempo que garantiza a las comunidades indígenas “la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social”. En este marco se establecen las llamadas comarcas en distintas regiones del país en donde se reconoce su estructura política administrativa tradicional, su autonomía, su identidad y sus valores históricos culturales “como parte del sistema nacional”, aunque no se reconoce en la Carta Magna el carácter plurinacional de Panamá. De hecho, tampoco el texto constitucional reconoce las comarcas, se limita a mencionar unidades territoriales “sujetas a regímenes especiales”. Esta es la razón por la que no se ha procedido a la demarcación de comarcas para los pueblos naso teribe y bri bri, que la vienen reivindicando desde hace tiempo. Lo mismo ocurre con dos poblaciones kuna en la frontera con Colombia y otras emberá y wounaan en esta misma zona del país.

El concepto de comarca fue rescatado de la tradición por los indígenas que veían, por una parte, un camino intermedio a la no adjudicación de la tierra y, por otra, una garantía de “no enajenación” de la misma por terceros. La legalización de territorios indígenas a través de las comarcas no es reciente. La más antigua se inició en 1938 y se concretó en 1953, la Comarca de Kuna Yala. A lo largo de los años le siguieron la Comarca Emberá-Wounaan de Darién (1983), la Comarca Kuna de Madungandi (1997), la Comarca Ngöbe-Buglé (1997) y la Comarca Kuna de Wargandi (2000). Es un proceso que aún no se ha cerrado y en alguna de las actuales, como la de Wargandi, todavía hay cuestiones pendientes de reglamentar –incluyendo conflictos entre indígenas y colonos no indígenas- mientras que en otras, caso de la Comarca Ngöbe-Buglé, aún se está realizando la demarcación de los límites que debe tener. Esto pone de manifiesto que Panamá fue, mal que bien, uno de los primeros países del mundo en reconocer la protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional y en adoptar políticas públicas que en bastantes aspectos son favorables a estos pueblos.

A pesar que los territorios indígenas poseen una inmensa riqueza en recursos naturales, el empobrecimiento entre su población es alarmante y vergonzoso en un país que se caracteriza por altos niveles de ingreso per capita y es catalogado como el segundo país de América con peor distribución del ingreso. La diferencia es de diez a uno en el caso de un indígena sin ingresos (36%) y un no indígena en la misma situación (3’5%), según datos del propio gobierno panameño.En el caso de la mujer indígena, la Conferencia Internacional del Trabajo de la ONU cifraba el porcentaje de pobreza en el 98,5% y de este porcentaje, el 89,7% sufre una pobreza extrema.Sólo hay dos explicaciones: el modelo económico y el racismo social. Sobre este extremo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, también de la ONU, en el informe del año 2010 expresaba su preocupación por “la persistencia de la discriminación racial y sus causas históricas que han provocado la marginación, pobreza y vulnerabilidad de los afro panameños y los pueblos indígenas, asimismo le preocupa que no exista una disposición general que prohíba la discriminación por motivos de raza y que tipifique como delitos los actos de discriminación racial.

La lucha de los pueblos indígenas en Panamá no sólo por la propiedad de sus tierras, sino por su conservación, es la misma que la de cualquier otro pueblo indígena no ya en el continente americano sino en cualquier parte del mundo y el dilema “derecho ancestral-desarrollo” no difiere mucho del histórico “civilización-barbarie” con el que se colonizó el continente de Abya Yala siglos atrás.

Pero los indígenas se aferran al ordenamiento legal por el que se ha reconocido sus comarcas. En virtud del mismo, se reconocen los derechos colectivos sobre la tierra y los derechos de administración de sus recursos existentes. Esta facultad se ejerce a través de las estructuras tradicionales de administración, como lo son los Congresos Generales; en esencia, el derecho a la libre determinación. Cuando el gobierno aduce “el interés general” debería tener en cuenta el texto constitucional, que se traduce en asegurar a los pueblos indígenas no sólo la propiedad colectiva, sino además la capacidad de que a través de sus gobiernos tradicionales impulsen su desarrollo social, económico y cultural que, a la postre, beneficia a todo el país: el ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo social justo beneficia a la mayor cantidad de gente. Pero esta filosofía es contraria a la que impone el capitalismo neoliberal.

El M-10 es considerada la agrupación ambientalista mayor de la comarca y se destaca por su enfrentamiento a los antimotines que los han reprimido fuertemente, aunque el jefe de la Policía Nacional Julio Moltó ha desmentido esas acusaciones.

Los indígenas han radicalizado su posición y ya no quieren el peritaje independiente que hace meses debió realizarse, aunque ahora desde la sede de Naciones Unidas en esta capital, se indica que llamaron a un concurso público para que expertos de prestigio internacional participen.

Ese paso debió de haberse dado desde el año pasado por lo que voceros del M-10 critican esa actuación.

Sin embargo Ausencio Palacios, secretario de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales de los Pueblos Ngöbe Buglé y Campesinos, señaló que esperan la participación en el peritaje de entre cinco y siete especialistas en geología, ingeniería forestal, economía, zoología, sociología y biología.

Los indígenas pretenden que el peritaje ratifique observaciones de una comisión de la ONU que determinó diversas afectaciones del proyecto hidroeléctrico en las comunidades anexas de la comarca en Barro Blanco.

Honduras

Honduras es un país que posee un 15 por ciento de indígenas en su población. Algunos más afortunados que otros viven en mejores condiciones, desde pobreza extrema hasta clase media.El 15 por ciento de la población es de descendencia indígena y negra, distribuidas en 8 pueblos culturalmente diferenciados tales como los lencas, chortis, tolupanes, tawahkas, garífunas, negros de habla inglesa, pech, misquitos. Proceden de 3 troncos lingüísticos básicos; maya, azteca, hokan siux y africanos.

Están diseminados en todo el territorio nacional, por lo general en zonas postergadas y fronterizas con los países vecinos. Los Misquitos y Chortí viven en la frontera con Nicaragua y Guatemala. Los Lencas, uno de los pueblos más grande, habita en los territorios fronterizos con Guatemala y El Salvador. En la zona de la Costa Atlántica se encuentran los Garífunas, Negros de habla inglesa y Misquitos, Tawahkas y gran parte de comunidades tolupanes y en la zona central; los Pech y nahualt en el Departamento de Olancho.

Aproximadamente 50% de estos pueblos habitan en regiones de bosque de coníferas, 30% en zonas costeras y 20% en reservas ecológicas de bosque latifoliado de la Reserva Tawahka y la Biosfera de Río Plátano.Se calcula que la población económicamente activa en las comunidades indígenas de Honduras oscila entre la edad de 8 a 65 años. El ingreso promedio mensual era de US$.60.00 dólares (a nivel nacional) por familia; en comunidades Lencas, Pech, Tolupanes y Chortí se calcula en US$20.00 dólares, lo cual obliga a muchas familias, en temporadas de escasez, a subsistir de la colecta de raíces y frutos silvestres y de la caza y pesca.

La situación económica de los garífunas y negros de habla inglesa es diferente, tienen acceso a fuentes de trabajo relacionadas con la pesca a gran escala, también usan la pesca como patrimonio familiar, el comercio en zonas turísticas y la industria hotelera.

Movimiento social indígena

Los más recientes datos indican que hay cerca de un millón de indígenas aglutinados en ocho pueblos entre sí que representan el 15 por ciento de la población.

Estan reunidos en 8 pueblos:

Afrocaribeños: ubican garífunas y negros de habla inglesa.

Mesoamericanos: conformados por las tribus Chortí y Lencas.

No Mesoamericanos o Circuncaribes incluídos por las tribus Tolupan, Pech y Tawahka y otras variaciones del mestisaje como los Misquitos, Sumos y Ramas.

Los departamentos de Cortés, Islas de la Bahía, Colón y Atlántida albergan cerca de 350,000 garífunas concentrados en 53 comunidades.

Los Garífunas es uno de los principales grupos que por razones socio-económicas y/o culturales ha decidio trasladarse a los Estados Unidos de Norteamérica, optando por ciudades como Nueva York y San Francisco.

El departamento de Gracias a Dios se alberga la mayor cantidad de indígenas de la tribu de los Misquitos y se encuentran distribuídos en 84 comunidades. Este grupo no entiende los límites entre los países por eso se encuentran misquitos en Nicaragua que a menudo se confunden con sumos y ramas. Los pechs, son un grupo minoritario con cerca 2,000 habitantes dispersos en los municipios de Dulce Nombre de Culmi y San Esteban en el Departamento de Olancho y en Brus Laguna en el departamento de Gracias a Dios.

Los tawahkas solamente cuentan con 900 habitantes localizados en la zona conocida como “Patuca Medio”, cerca de los límites del departamento de Olancho en donde hay dos comunidades: los Parawas y los Yupawas y el departamento de Gracias a Dios con otras dos comunidades Krautara y Krausirpi.

Los Tolupanes se encuentran en los municipios de Marales y Orica en el departamento de Francisco Morazán con una población de 10,000 habitantes. Los Chortís se encuentran localizados en la parte occidental del país, específicamente en los departamentos de Copán y Ocotepeque y cerca de 7, 000 habitantes. Y los Lencas, que son el segundo grupo más numeroso se encuentran distribuidos en los departamentos de Lempira, La Paz, Intibucá y parte de Ocotepeque. Existen 90,000 habitntes en 612 comunidades.

Logros de las Cooperativas:

·         Los Negros de habla inglesa que viven en el litoral del pacífico e Islas Bahía.

·         Dentro de los logros por parte de este consejo con las comunidades indígenas se pueden resaltar los siguientes:

·         Expulsión de 36 aserraderos e industrias aserraderas de la zona occidental.

·         Creación de dos Municipios Indígenas: San Francisco de Opalaca y San Marcos de Caiquin.

·         Ratificación por Honduras del Convenio 169 de la O.I.T.

·         Entrega de cerca de 200 títulos comunales a las tierras en nuestras comunidades.

·         Mantenimiento del programa de radio Ecos de Opalaca, una herramienta importante ofreciendo intercomunicación, denuncias, educación, etc.

·         Construcción de las carreteras de San Francisco de Lempira y San Francisco de Opalaca.

·         Gestión de más de 30 proyectos de construcción y mejoramiento de escuelas.

·         Gestión de más de 50 plazos para maestros.

·         Gestión de más de 20 centros de salud para las comunidades Lencas

Conclusiones

En este informe hemos mantenido que el incremento de la actividad nacional e internacional de los movimientos indígenas en la actualidad es el resultado del impacto cultural y político, pero, sobre todo, económico, de los procesos de globalización sobre los pueblos originarios de América Latina. No es sólo consecuencia del aumento de la pobreza que han padecido los pueblos indígenas en las últimas décadas, sino también el resultado de la vulnerabilidad y la exclusión ante la debilidad de un Estado-nación que no puede cumplir con muchas de sus promesas.

También hemos mantenido que los movimientos indígenas no son un fenómeno anecdótico, sino que son agentes claves para comprender el cambio social que se está dando en los países del continente latinoamericano.

El movimiento indígena tiene una forma específica de organizarse, centralizada y descentralizada, simultáneamente. Sus organizaciones locales se articulan en torno a federaciones, confederaciones o cooperativas que funcionan en los ámbitos nacional, regional y/o internacional, adquiriendo una estructura en pirámide; de tal manera que una misma organización puede estar operando en los ámbitos local e internacional, creando alianzas con otros movimientos sociales en uno pero no en otro, etc.

Es importante también romper con la imagen que nos presenta a los movimientos indígenas aislados y anclados en un pasado ancestral, ligado a sus tradiciones y reacios a cualquier innovación. Por lo general, como hemos visto a lo largo de este documento, los movimientos indígenas de diferentes países tienen amplios contactos entre sí, pero también con otros movimientos sociales, especialmente antiglobalización y ecologistas.

Con este final, incorporamos un tema delicado y políticamente sensible como es el conflicto que los movimientos indígenas mantienen con todas aquellas empresas nacionales y transnacionales que amenazan su territorio. Efectivamente, estas empresas explotan unos recursos como el agua, la madera, los hidrocarburos, el paisaje e incluso la propia cultura indígena a través de las empresas de turismo, se apropian de un conocimiento sobre plantas fundamental para las farmacéuticas, con consecuencias nefastas para el medio ambiente y la supervivencia humana y para la diversidad cultural que representan estos pueblos.

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