Introducción
El siguiente
informe tiene como objeto presentar la situación actual de las organizaciones
indígenas más destacadas, su composición étnica y su ubicación regional, sus
reivindicaciones y las alianzas políticas más importantes. Se han seleccionado
los países de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú y México, por representar la
población indígena de América Latina y por la enorme relevancia que los grupos
indígenas tienen en tales naciones. Además, se van a estudiar los que
denominamos “movimientos indígenas supranacionales”, para abarcar las
experiencias regionales andinas y amazónicas, estas últimas menos conocidas.
Hay que señalar que haremos gran hincapié en analizar temas poco presentes en
los foros principales, pero que son claves, como las relaciones con los Estados
nacionales y su concepción de la democracia, ambos íntimamente unidos al tema
de la autonomía indígena, fundamental para comprender las reivindicaciones y
planteamientos de los pueblos originarios. Para muchos autores, la importancia
de los movimientos indígenas actuales puede compararse con lo que supuso el
movimiento sindical para las sociedades occidentales durante los siglos XIX y
XX. El problema indígena en América Latina se convirtió, a lo largo de estos
siglos, en un
auténtico incordio político y teórico para los países Latinoamericanos.
Objetivo general
Conocer el génesis
de los movimientos indígenas latinoamericanos, su significado y dinámica en
cada uno de los países de Latinoamérica, para valorar la importancia que es
para de sus países.
Objetivos específicos
Describir una breve
historia de los movimientos indígenas latinoamericanos
y su significado en la actualidad.
Identificar los
distintos movimientos indígenas en cada
una de las regiones y las asociaciones
supranacionales.
Identificar las
acciones, luchas y logros de los movimientos indígenas de Latinoamérica.
Reflexionar por
medio de esta información la importancia de los movimientos indígenas, la cual
poder compartir para promover conciencia y asi apoyar a nuestros movimientos
indígenas.
Historia de los movimientos indígenas en
América Latina
A finales del siglo XIX hubo un periodo de
asimilación al Estado-nación donde se consideraba al indígena “atrasado”,
“inferior” y “bárbaro”, planificándose políticas de aculturación e integración
en una cultura nacional monolingüe. En el siglo XX, especialmente en los años
treinta, comienza un largo periodo caracterizado por las políticas de
integración basadas fundamentalmente en la educación, la castellanización y el
entendimiento de que los indígenas eran campesinos y parte integrante de las
sociedades latinoamericanas. Se crearon las instituciones indigenistas, que
tenían un doble objetivo: incorporar a los indígenas a la cultura nacional y
resguardar ciertos rasgos de su cultura como fenómenos anacrónicos,
folclóricos, fruto de una historia llamada a desaparecer por el desarrollo del
Estado-nación. En las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, la idea
general en todos los países de América Latina con población indígena era que
éstos debían progresar y modernizarse, o bien asimilarse a una pretendida
cultura nacional. A este proceso también se le llamó aculturación,
blanqueamiento o mestizaje. A partir del Congreso de Pázcuaro de México en
1941, se crearon los Institutos Nacionales Indigenistas (INI), que buscaban
elevar el estatus de los indígenas a ciudadanos de un Estado, a través del
desarrollo rural basado en la educación, la mejora en los servicios de salud y
el extensionismo agrario. En la década de los ochenta, en coincidencia con el
ocaso de las dictaduras militares en muchos países de la región, algunas
organizaciones indígenas de países como Bolivia, Chile, Ecuador y México,
reivindicaron una serie de derechos a la tierra, así como el establecimiento de
una nueva relación con el Estado, que incluyera el reconocimiento de la
diversidad étnica, la participación de sus representantes en el diseño de las
políticas públicas indígenas, la protección legal de sus tierras y agua, y el
apoyo al desarrollo económico y cultural de sus comunidades. En la década de
los noventa se llevó a cabo la mayor transformación de las relaciones entre el
Estado y los pueblos indígenas, en un contexto auge de las democracias.
En 1992 se celebraron los encuentros
internacionales de Río de Janeiro y el V Centenario, que se conformaron como
focos para la actividad y el “empoderamiento” de las organizaciones indígenas a
nivel nacional e internacional, exigiendo el reconocimiento de sus derechos
colectivos por parte de los gobiernos. La declaración de la ONU del Año
Internacional de los Pueblos Indígenas en 1993 y la Década Internacional de los
Pueblos Indígenas 1994-2004 mostraron, tanto la creciente sensibilidad que en
la década de los noventa habían desarrollado los organismos internacionales con
respecto al problema indígena, como también las luchas de este movimiento por
convertir sus reivindicaciones en un problema supranacional, en algo más que un
tema doméstico de los Estados nacionales. El último momento cumbre al que
queremos hacer alusión es a la aprobación de la Declaración de los Derechos de
los Pueblos Indígenas por parte de la ONU en septiembre de 2007. De indudable
valor simbólico, tras décadas de lucha por lograr un reconocimiento, el reto y
el futuro de esta declaración está en que pueda hacerse efectiva. Ratificada
por 143 votos a favor, cuatro en contra (Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá
y Australia) y 11 abstenciones, la Declaración establece a lo largo de sus 47
artículos el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que incluye la
propiedad de sus tierras, los recursos naturales de sus territorios, la
preservación de sus conocimientos tradicionales y la autodeterminación. El
texto es fundamental para legitimar las nuevas concepciones que de la
ciudadanía enarbolan los movimientos indígenas.
Pese a todo este movimiento, podemos afirmar
que en los últimos diez años:
·
Aunque las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales han
aprobado políticas progresistas e importantes resoluciones en beneficio de los
pueblos indígenas, los derechos garantizados en estos documentos pocas veces se
cumplen; por ejemplo, aquellos concernientes a educación bilingüe, o en contra
de la discriminación.
·
Las iniciativas para la salud indígena están dispersas, pero van en
aumento: los programas de salud adaptados a las poblaciones indígenas siguen
siendo poco comunes, y la mayoría se ha puesto en marcha en los últimos 10 y 20
años.
·
Son pocas, si es que existen, las intervenciones en materia de políticas
que intenten abordar la discriminación en los mercados laborales y equiparar
los ingresos salariales, dado el hecho de que en toda América Latina los
indígenas ganan menos que los trabajadores no indígenas.
El movimiento
indígena latinoamericano
El
movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de esta
densa realidad latinoamericana contemporánea. Éste se construye como un
movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y
una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. Al mismo
tiempo, ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una
estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la
región andina de América del Sur. A partir de una profunda crítica y ruptura
respecto a la visión eurocéntrica, a su racionalidad, a su modelo de modernidad
y desarrollo inserto en la estructura de poder colonial, el movimiento indígena
latinoamericano se plantea como un movimiento civilizatorio, capaz de recuperar
el legado histórico de las civilizaciones originarias para re-elaborar, no una,
sino varias identidades latinoamericanas; no una forma de producir
conocimiento, sino todas las formas de conocimiento y producción de
conocimiento que han convivido y resistido a más de quinientos años de
dominación. El elemento indígena se va convirtiendo en el centro del discurso y
de la construcción de una visión del mundo, de un sujeto político y de un
proyecto colectivo y dinámico para las
movilizaciones.
Entre los principales ejes movilizadores de
este llamado están:
·
La tierra como fuente de vida y el agua como derecho humano fundamental;
·
Descolonialidad del poder y el autogobierno comunitario;
·
Los Estados Plurinacionales;
·
La autodeterminación de los pueblos;
·
La unidad, equidad y complementariedad de género;
·
El respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y diverso;
·
Liberación de toda dominación o discriminación racista, etnicista o
sexista;
·
Las decisiones colectivas sobre la producción, mercados y la economía;
·
La descolonialidad de las ciencias y tecnologías;
·
Por una nueva ética social alternativa a la del mercado.
Asociaciones
indígenas supranacionales
La Comunidad Sudamericana de Naciones, a
través del documento Para vivir bien: sin neoliberalismo elaborado para la
Cumbre de Cochabamba (Bolivia), afirma: “No sólo existe una lenta integración
entre Estados, sino también una importante integración de los pueblos indígenas
y naciones originarias, que damos sustento a esos Estados y somos sus sujetos
constitutivos de todo derecho”. Así se expresa una tensión entre lo nacional y
lo internacional y un nuevo concepto de ciudadanía. Ambos sintetizan una
característica propia de estos movimientos: el mantenimiento de su
especificidad cultural, su pertenencia a un Estado-nación y su vocación
internacional. Las organizaciones supranacionales, en particular la andina y
amazónica, han surgido en la última década, enfrentándose a las consecuencias
de los TLC, de la explotación extractiva de su territorio y de la construcción
de vías de comunicación. A diferencia de las organizaciones anteriores, más
enfrentadas a un Estado-nación, defensoras de una concepción de autonomía y de
una nueva definición de ciudadanía, estas asociaciones regionales ponen mucho
más énfasis en la defensa del medio ambiente y en el problema ecológico, a la
vez que expresan más explícitamente sus críticas y oposición a las políticas
neoliberales. Esta posición política les hace relacionarse y acercarse a los
movimientos antiglobalización, presentes en los Foros Sociales Mundiales (FSM),
así como al movimiento ecologista. Probablemente, en ambos mecanismos se base
el éxito de las estrategias que estas asociaciones, que ya tienen amplios
contactos entre ellas desde el FSM de Porto Alegre (2005), puedan tener en los
próximos años. Hay razones para creer que los pueblos indígenas andinos y de la
Amazonía están cada día más articulados, con más contenido en sus propuestas y
con nuevos líderes que puedan conducir las organizaciones nacionales y el
movimiento indígena del continente. Para el líder andino Miguel Palacín
Quintín, lo que es necesario a partir de ahora “es establecer una agenda grande
a nivel del continente, desarrollar las alianzas en todos los espacios y
caminar hacia lograr los cambios políticos en nuestros Estados y en el
continente”. Estos movimientos indígenas regionales aparecen en un contexto de
desafíos y conflictos en el continente. Por un lado, una arremetida de la
política neoliberal, dirigida desde los países del Primer Mundo y las empresas
multinacionales, que ha contribuido a la producción de legislaciones
desfavorables para el pueblo indígena, con el objetivo de que los recursos sean
más fácilmente explotados por empresas internacionales, tal y como reflejan los
TLC. Sin embargo, los procesos de respuesta de los pueblos indígenas están cada
día más y mejor articulados en sus propuestas, a través de sus nuevos líderes.
La Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas (CAOI)
Su congreso fundacional se celebró entre el
14 y el 17 de julio de 2006. Está integrada
por organizaciones indígenas andinas
(quechuas, aymaras, kichwa y mapuches) de Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina
y Perú. Su objetivo es mostrar loandino como un ejemplo de la específica
relación que tienen los pueblos indígenas con el territorio que ocupan. Para la
CAOI, la Cordillera de los Andes forma un espacio natural, común a estos
pueblos, que comparten un mismo origen geográfico, han tenido experiencias
históricas semejantes, se enfrentan actualmente a similares problemas y pueden
construir juntos un futuro. Buscan la unidad en la diversidad andina. Su objetivo
inmediato es doble: fortalecer el movimiento indígena andino y complementarlo
con el movimiento indígena amazónico, especialmente con la COICA.
Sus líderes reconocen que, siendo cierto que
los pueblos indígenas siempre han luchado y resistido, también es verdad que
siempre lo han hecho de manera aislada, llegando el momento de unirse a nivel
continental. La primera participación internacional de una coordinadora andina
entre las organizaciones indígenas sucede en el marco del V Foro Social Mundial
de Porto Alegre (2005), lo que representa una clara voluntad de las
asociaciones por complementarse y mostrar por primera vez a los pueblos
indígenas en un Foro Social Mundial. En el 2006, la Coordinadora Andina
participó en el VI Foro Social Mundial de Caracas y en el II Foro Social de las
Américas, con temas como tierra, territorio, militarización y autonomía. Por
fin, en octubre de ese mismo año, en la ciudad de Lima, se celebró la I
Asamblea de Nacionalidades y Pueblos Indígenas Andinos, con la asistencia de
120 líderes indígenas de esta región, y donde se ratificó el proceso hacia la
constitución de una Coordinadora Andina, resolviéndose ampliar el ámbito de
actuación, con el fin de incluir al pueblo mapuche y a los pueblos indígenas de
Colombia.
Según uno de sus líderes, Miguel Palacín
Quispe, las reivindicaciones y actividad política y práctica de la CAOI se
definen siguiendo seis ejes principales:
·
La defensa de la tierra y los territorios, y la unidad con la
naturaleza.
·
La construcción de Estados plurinacionales y sociedades interculturales,
a través de asambleas constituyentes con representantes legítimamente elegidos
por los pueblos indígenas.
·
La lucha por la implementación de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas, por ejemplo a través de la Declaración Universal de los Derechos de
los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas o la ratificación del Convenio 169
de la OIT.
·
La reconstitución de los pueblos y la articulación del movimiento
indígena andino en el marco de la CAOI, y el impulso de la coordinadora
continental de pueblos indígenas del Abya Yala.
·
La legítima representación de estos pueblos en los procesos nacionales e
internacionales, con delegados elegidos y controlados desde las comunidades.
·
La lucha contra la criminalización de las demandas indígenas y por la
desmilitarización de sus territorios, para lo cual se desea constituir una
misión diplomática indígena a fin de denunciar en todas las instancias la
criminalización de los pueblos indígenas.
La Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
Es la organización
internacional que aglutina a nueve organizaciones amazónicas nacionales, fue
promovida en 1981 para tener fuerza a la hora de defender los territorios,
culturas y derechos de los indígenas amazónicos. Las organizaciones que forman
la COICA son: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP), Amerindian Peoples’ Association of Guyana (APA), la Confederación de
los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazonia Brasilerira (COIAB), la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), el Consejo Nacional Indio de
Venezuela (CONIVE), la Federation des Organisations Amerindiennes de Guyane
(FOAG), Organisative van Inheemsen in Suriname (OIS) y la Organización de los
Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). La oficina central se
encuentra oficialmente en Quito, en donde COICA es legal y jurídicamente
reconocida por el Estado ecuatoriano. Los objetivos de COIA son: promover,
desarrollar e impulsar los mecanismos necesarios para el trabajo entre los
pueblos y las organizaciones indígenas amazónicas; defender las
reivindicaciones territoriales, la autodeterminación y el respeto de los
derechos humanos en los pueblos indígenas; coordinarse juntos como pueblos
indígenas, para hablar ante las organizaciones internacionales y las ONG sobre
las actividades que se llevan a cabo dentro de la cuenca amazónica; fortalecer
la unidad y la colaboración mutua entre todos los pueblos indígenas de la región;
y promover la revalorización y reivindicación cultural de pueblos originarios.
La COICA fue el resultado de las necesidades de las propias organizaciones
indígenas locales, que expresaban un desarrollo en el nivel de conciencia
política de los líderes para enfrentarse a retos y problemas comunes. Pero
también respondió a las necesidades de las agencias de cooperación
internacional y de las grandes ONG ambientalistas de contar con socios locales
para impulsar sus agendas y proyectos de desarrollo. Sin embargo, las
relaciones con ambos agentes se han ido debilitando en los últimos años, porque
las organizaciones indígenas han afirmado su autonomía y su propia agenda
política, especialmente en aquellos casos en los que las grandes agencias
ambientalistas deseaban la creación de grandes Parques Nacionales, arrebatando
la gestión de los territorios a los pueblos indígenas, que deben salir o
aceptar quedarse, pero formando parte de la “decoración ecológica”.
La COICA estuvo muy
presente en la formulación del Convenio 169 de la OIT y en el Convenio sobre la
Biodiversidad Biológica, así como en otros organismos y foros internacionales,
como los FSM de Porto Alegre y Caracas o el Foro Social de las Américas.
Movimientos Indígenas del sur de
Latinoamérica
Colombia
Organización
nacional indígena de Colombia (ONIC) fue reconstruida entre 1910 y 1946, al
calor de luchas en el Cauca y demás zonas del país, en donde la presencia
indígena predominaba como la Sierra Nevada de Santa Marta, Huila, Caldas y
Tolima, dirigidas por el legendario líder indígena Quintín Lame. Posteriormente
se constituyeron Consejos y Ligas de Indios que pretendían reivindicar los
derechos de los indígenas, estableciendo alianzas con organizaciones campesinas
y obreras. Sin embargo, la Época de la Violencia en Colombia y la represión
entre 1946 y 1958 prácticamente diezmo gran parte de la población indígenas y
que solo pudo volver a formarse dentro de organizaciones campesinas como la
Federación Agraria Nacional, especialmente gracias a el establecimiento del
decreto gubernamental de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
La fundación de la
ONIC fue el resultado del proceso de reorganización autónoma del Movimiento
Indígena en Colombia, iniciado por el Consejo Regional Indígena del Cauca
(CRIC), en la década de 1970. En aquel tiempo tuvo el apoyo de algunas regiones
del país. Así conocimos a líderes de los pueblos Arhuaco, Kogui, Sikuani,
Emberá, Cañamomo, Pijao, Pasto y Amazónicos, entre otros, quienes en unión de
los Nasa, Coconuco y Guambiano, quienes retomaron los ideales indígenas. Estos
buscaban darle una identidad más solidad a la ONIC, ya que muchos de los
derechos violados e impunes por el Estado Colombiano, comenzaron a ser
rechazados y revelados a nivel nacional e internacional a través de un
periódico conocido como "Unidad Indígena". Finalmente se
restablecieron las diferentes organizaciones indígenas en otros departamentos
hasta que en octubre de 1980, en la comunidad Lomas de llarco del municipio de
Coyaima, en el Departamento del Tolima, se realizó por primera vez el Primer
Encuentro Indígena Nacional de Colombia. En asamblea general acordaron en Lomas
de llarco la creación de la Coordinadora Nacional Indígena de Colombia a quien
le encomendaron la organización y convocatoria del Primer Congreso Indígena
Nacional; así como la constitución de la ONIC. En total la ONIC ha realizado
siete
Congresos
nacionales, el último, el cual se realizó en Ibagué en el 2007, en dicho
congreso la ONIC se constituyó como "Autoridad Nacional de Gobierno
Indígena".
Plataforma de lucha
·
Defensa de la Autonomía organización indígena
·
Defensa de los territorios indígenas y
recuperación de las tierras usurpadas, propiedad colectiva de los Resguardos.
·
Control de los recursos naturales situados en territorios
indígenas.
·
Impulso a organizaciones económicas
comunitarias.
·
Defensa de la historia, cultura y tradiciones
indígenas.
·
Educación bilingüe y bicultural bajo el
control de las autoridades indígenas.
·
Recuperación e impulso de la medicina tradicional
y exigencia de programas de salud acordes con las características sociales y
culturales de las comunidades.
·
Exigencia de la aplicación de la Ley 89 de
1890 y demás disposiciones favorables a los indígenas.
·
Solidaridad con las luchas de otros sectores.
·
Aplicación de las conclusiones de los
Congresos de la organización.
Organizaciones
Afiliadas
·
AsoU´wa
·
Asociación de Cabildos y Autoridades
Tradicionales Indígenas de Arauca
·
Cabildo Mayor del Pueblo Muisca
·
Cabildo Mayor de San Andrés de Sotavento Córdoba
y Sucre
·
Consejo Regional Indígena del Cauca
·
Consejo regional Indígena del Guainía
·
Consejo Regional Indígena del Guaviare
·
Consejo Regional Indígena de Caldas
·
Consejo Regional Indígena del Tolima
·
Consejo Regional Indígena del Vaupés
·
Consejo Regional Indígena del Vichada
·
Organización Indígena de Antioquia
·
Organización Regional Embera Wounaan
·
Organización Regional Indígena del Valle del
Cauca
·
Consejo Regional Indígena de Risaralda
Brasil
El consejo indígena
de Roraima-CIR es una de las principales organizaciones indígenas de Brasil.
Creada en 1987, bajo el primer nombre de consejo indígena del territorio
federal de Roraima, es miembro fundador de la Coordenação de Organizações
indígenas da Amazônia brasileira- COIAB, principal espacio de articulación del
movimiento indígena amazónico brasileño y uno de los principales interlocutores
del Estado brasileño.
El CIR representa a
diez pueblos indígenas del estado de Roraima, una población que se estima en,
aproximadamente, 50000 personas pertenecientes a los pueblos Macuxi, Wachipana,
Taurepang, Ingariko, Patarmona, Sapara, Yanomami, Waimiri-Atroari, Wai-Wai y
Ye´Kuana.
El modelo
organizativo del CIR se caracteriza por una estructura centrada en las
comunidades o aldeas indígenas. En ellas está la base de la legitimidad y de
las decisiones de la organización. Los tuxauas son los líderes comunitarios que
representan la voz de la comunidad y son escogidos por consenso en las
reuniones comunitarias.
En el ámbito de la
salud indígena, el CIR ha sido uno de los principales artífices de la política
de Distritos Sanitarios Indígenas, dependiente del Gobierno Federal y con
modelos de autogestión y fuerte control social por parte de las comunidades.
Fruto de este proceso, iniciado hace más de 20 años, ya existen más de 374
Agentes indígenas de salud reconocidos oficialmente. En los últimos años, el
CIR, junto a organizaciones como la COIAB, ha liderado la reivindicación del
movimiento indígena para la creación de una secretaria especial de salud
indígena en el marco del ministerio de salud.
El mayor aporte del
CIR se sitúa en el ámbito de la Defensa de la Tierra y de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas, en los últimos 20 años, treinta y dos
tierras indígenas han sido reconocidas y homologadas por el estado brasileño,
cumpliendo la determinación de la propia Constitución nacional de 1988. En la
defensa de las tierras, el CIR ha encontrado siempre la oposición sistemática
de grandes poderes económicos, relacionados con el agro negocio y la minería,
así como la complicidad de sectores de ejército y el sistema judicial y
político regional.
Perú
En el Perú existen tres zonas indígenas: la costa, la sierra y
la selva. En la selva se ubican los
indígenas amazónicos, con un total de 295.754 habitantes, y en la sierra se
encuentran los quechuas y los aymara.
En cuanto a sus organizaciones, la mayoría de los movimientos
indígenas peruanos reivindica pretensiones como la transformación de un Estado
criollo, monocultural, en un Estado pluricultural; la identidad cultural y a la
educación bilingüe; el desarrollo sostenible, la economía solidaria y el rechazo
al TLC; el derecho a la autonomía y a la autodeterminación; el reconocimiento
de la justicia indígena por la las Comisiones de Reforma del Poder Judicial y
de la labor de los jueces de paz no letrados; y la gestión y autonomía de su
territorio, recursos naturales y agua.
Antes del nacimiento de una de las principales organizaciones
indígenas del Perú, la AIDESEP, los pueblos indígenas de la Amazonía tenían una
tradición organizativa propia, de acuerdo con su desarrollo y las tareas que
realizaban.
La centralización o coordinación de estas organizaciones se
inició con el apoyo y orientación de grupos de religiosos (católicos y
evangelistas). Pero tales asociaciones desaparecieron al retirarse los grupos
religiosos. Los primeros intentos reales de organización autónoma se inician
como mecanismos defensivos contra la penetración de los colonos y las empresas
extractivas de materias primas.
En un primer momento, estas organizaciones iniciales fueron
locales y comunales, para pasar a convertirse luego en regionales o de cuenca.
Los aháninka, los amuesha y los aguaruna del Alto Marañón fueron los que
iniciaron el movimiento asociativo y federativo de las comunidades a finales de
los años sesenta y principios de los setenta.
El contexto sociopolítico de los años setenta era favorable para
el desarrollo de las organizaciones indígenas, tanto en el ámbito internacional
como en el nacional: en Perú se producía entonces una experiencia populista
militar que aprobó la
Ley de Comunidades Nativas de 1974 y se iniciaba el proceso de
titulación de tierras de comunidades. Como parte de esta evolución, los pueblos
indígenas avanzaron en su proceso organizativo, conformando en 1979 la
Coordinadora de
Comunidades Nativas de la Selva Peruana (COCONASEP), que, al año
siguiente (1980), se denominó Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP)
Es importante destacar que, a pesar de mantener muchas
características históricas y sociales, políticas y culturales comunes, en Perú
nunca se ha desarrollado un movimiento indígena similar en intensidad, fuerza y
capacidad de organización y presión al de Ecuador o Bolivia. Para muchos
autores, este fenómeno tiene que ver con una complejidad de factores, algunos
de los cuales podemos considerar brevemente:
• Fuerte proceso migratorio experimentado por Perú en la segunda
mitad del siglo XX. Además, especialmente en Ecuador, la población indígena que
emigró se mantuvo vinculada a sus comunidades de origen, dándose lo que se ha
llamado una “migración de retorno” o estacional; en el caso del Perú, la
conexión a las comunidades de la población indígena inmigrante en las ciudades
se veía dificultada por la actividad guerrillera de Sendero Luminoso.
• En Perú nunca existió “una élite intelectual indígena”,
orgullosa de su identidad “india”; la intelectualidad peruana de origen
indígena ha utilizado la educación como un mecanismo de “blanqueamiento” y
asimilación.
• Mientras que Bolivia y Ecuador tuvieron unas débiles políticas
indigenistas, en Perú se desarrolló una que pecó de paternalista, limitando la
capacidad de los pueblos indígenas de expresarse por ellos mismos y definir su
situación. En Perú vemos un fenómeno de apropiación de los símbolos culturales
indígenas, especialmente los andinos, por parte de los intelectuales blancos y
mestizos, desposeyendo a los indígenas de sus valores y discursos.
• La identidad indígena nunca fue en Perú un estandarte de la
lucha guerrillera, por ejemplo de la de Sendero Luminoso, cosa que si pasó con
el EGTK en Bolivia. El impacto de la guerrilla ha sido, asimismo, mucho más
devastador en Perú que en Bolivia. Por otro lado, mientras las actividades de
Sendero
Luminoso se han financiado con el narcotráfico, esto no ha
sucedido con la guerrilla boliviana.
La Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana (AIDESEP)
Es miembro de la COICA y de la COPPIP. Es una organización
nacional presidida por un Consejo Nacional, que se asienta a su vez en seis
organismos descentralizados ubicados en el norte, centro y sur del país. Tiene
57 federaciones y organizaciones territoriales, que representan a las 1.350
comunidades donde viven 350.000 personas, agrupadas en 16 familias
lingüísticas.
Organizaciones y pueblos
pertenecientes a AIDESEP
Los objetivos de AIDESEP son:
a) representar los intereses inmediatos e históricos de todos
los pueblos indígenas de la Amazonía;
b) garantizar la
conservación y el desarrollo de la identidad cultural, el territorio y los
valores de cada uno de los pueblos indígenas de la Amazonía;
c) la libre determinación de los pueblos indígenas, en el marco
del Derecho nacional peruano y del Derecho internacional; d) promover el
desarrollo humano y sostenible de los pueblos indígenas. En la Amazonía peruana
existen 56 pueblos indígenas, agrupados en 17 familias lingüísticas.
Las organizaciones que integran AIDESEP son:
A) ARPISC: Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la
Selva Central. Comprendelos siguientes pueblos indígenas: asháninka,
nomatsiguenga, yanesha, yine yami.
B) CORPI San Lorenzo: Coordinadora Regional de los Pueblos de la
Región de San Lorenzo (cerca de la frontera con Ecuador).
Comprende los siguientes pueblos indígenas: asháninka,
nomatsiguenga, yanesha, yine yami.
C) FERNAMAD: Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes,
cerca de la frontera con Brasil, con los siguientes pueblos indígenas:
harakmbut, yine, amahuaca, machiguenga, yora, nahua, quichua runas, ese-ja.
D) ORPIO: Organización Regional de los Pueblos Indígenas del
Oriente, que agrupa a los siguientes pueblos indígenas: cocama, cocamilla
orejón, secoya, huitoto, bora, maijuna, yahua achuar, urarina muratu maijuna,
kechuas del tigre, bora, ticuna, kichuaruna, wangurina.
E) ORAU: Organización Regional AIDESEP Ucayi, Región de Iquitos,
que agrupa a los siguientes pueblos indígenas: asháninka, shipibo, amahuaca.
F) ORPIANP: Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Norte del Perú, y tiene los siguientes pueblos indígenas: awajún,
wampis, kechuas de lamas.
La Conferencia Permanente de los
Pueblos Indígenas de Perú (COPPIP)
Agrupa también a los pueblos campesinos y pretende representar
políticamente a las organizaciones indígenas de la costa, sierra y selva del
Perú, que poseen mandato directo emanado de sus comunidades de base, sean
campesinas o nativas. La COPPIP no está integrada por ONGD, sino por
organizaciones netamente indígenas, habiendo sido decidido por el Comité
Ejecutivo que las ONGD y las organizaciones pro indígenas tienen un papel
exclusivamente de acompañamiento. A iniciativa de sus miembros, la COPPIP
elabora propuestas sobre diversos aspectos que interesan a los pueblos
indígenas del Perú, bajo los principios de respeto, consulta y participación.
La COPPIP se creó en diciembre de 1997, durante el I Congreso
Nacional de Derechos Indígenas del Perú realizado en la ciudad del Qosco, y se
define como “un proceso abierto y con la intención de comenzar a forjar una
voluntad colectiva indígena”. Participó activamente en la propuesta y
organización de la Primera Consulta Nacional sobre Ley Indígena en Perú en
2003, en donde también lo hizo AIDESEP.
La Unión Nacional de Comunidades
Aymaras (UNCA)
La Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) es una
organización representativa de las organizaciones de base del departamento de
Puno. Representa al Pueblo Aymara del Perú y su actividad está orientada a la
búsqueda de un desarrollo integral sostenible y el fortalecimiento para mejorar
los niveles de vida, mantener y revalorizar la identidad aymara y asegurar su
participación en los beneficios del desarrollo, superando así la marginación y
la lucha contra la extrema pobreza, tanto en el Departamento de Puno como en el
resto del país.
La actividad de UNCA es integral y abarca aspectos políticos,
económicos, sociales, formación de líderes y técnicos, y fortalecimiento
organizacional.
Ecuador
En Ecuador, los pueblos
originarios se ubican en tres grandes áreas: pueblos de la Costa, los de la Sierra y los
de la selva o la Amazonía.
Ecuador
cuenta con una población aproximada de 13.408.000 habitantes, con una
proporción de población indígena de entre el 6% y el 7%, mayoritariamente
concentrada en el área de la Sierra. El criterio de clasificación étnica
empleado es la combinación de dos: el de la autoadscripción y el de lengua
hablada.
La
actual constitución reconoce el carácter plurinacional del Ecuador y establece
que las lenguas indígenas forman parte del patrimonio cultural del país y
constituyen lenguas principales de educación en las áreas de su dominio, además
de incorporarlas a los procesos judiciales cuando en ellos se vean afectados
indígenas.
En el
Ecuador se hablan diez lenguas indígenas, siendo el quechua la que cuenta con
una mayor cantidad de hablantes. Pero, a pesar de las consignas de apertura y
plurinacionalidad invocadas por los gobiernos, resultan estadísticamente obvias
e innegables la exclusión, la marginación y la pobreza que sufren las
comunidades indígenas: el 69,5% de la población indígena ecuatoriana vive en la
pobreza absoluta (pobreza más indigencia), como señala la Tabla 1; y aun cuando
los campesinos indígenas producen el 75% de los artículos básicos, sólo cuentan
con el 35% de la productividad.
El
escenario político ecuatoriano muestra una fractura estructural del poder desde
los acontecimientos del 21 de enero de 2000, cuando el movimiento indígena, en
una alianza con militares de rango medio, logró destituir al presidente Jamil
Mahuad, al tiempo que constituía un efímero gobierno de “salvación nacional”.
Tal movimiento indígena surgió como uno de los actores políticos más relevantes
de Ecuador a raíz de la escalada especulativa del dólar, cuando los sectores de
la economía presionaron para que el Gobierno adoptara la convertibilidad o
dolarización. Su papel político atemorizó y asombró a una parte de la sociedad,
entre otras cosas, debido al alto grado de desconocimiento que aún hoy existe
sobre el movimiento indígena, que durante mucho tiempo fue marginado. Como en
otros países latinoamericanos (México o Guatemala), la sociedad ecuatoriana
está marcada por una histórica y destacada brecha racial: no sólo niega sus
raíces indígenas, sino que muestra un cierto desprecio hacia los símbolos de la
cultura indígena
Los
indígenas cuentan con multitud de organizaciones, pero dos destacan por su
fuerza y por ser las más importantes a nivel nacional y regional: la CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y la CONFENIAE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana).
La
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
Se
constituyó el 16 de noviembre de 1986, fundada a partir de la actividad de un
grupo de jóvenes provenientes de las comunidades indígenas que participaron en
un programa universitario de educación bilingüe auspiciado por el Gobierno
junto con la Universidad Pontificia de Ecuador. En su discurso destacan: la
reconstrucción de la historia ecuatoriana como resistencia y la revitalización
de las construcciones culturales indígenas sobre el territorio, combinado todo
ello con el lenguaje técnico de la ecología.
Sus
objetivos son: dar dirección política al movimiento indígena a fin de lograr la
igualdad económica, sociocultural y política; promover y consolidar el proceso
organizativo de las nacionalidades y organizaciones indígenas; recuperar y
defender sus territorios y luchar por el derecho a la autodeterminación de los
pueblos; representar a las nacionalidades indígenas ante el Estado y sus
gobiernos de turno y ante las instituciones de desarrollo nacionales e
internacionales; recuperar la historia, la cultura y las tradiciones; y
fomentar las relaciones internacionales a través de una política de apoyo,
cooperación, respeto y solidaridad entre todos los pueblos
Simultáneamente,
la CONAIE está conformada por tres organizaciones regionales y éstas a su vez
por otras provinciales, parroquiales y cantonales, que se mueven en los ámbitos
local y regional.
La
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)
Su
asociacionismo es una respuesta a la actividad que las empresas extractivas han
llevado a cabo en la Amazonía boliviana, explotando los recursos naturales
ubicados en los territorios indígenas, provocando la destrucción de la base
productiva y alimentaria de los pueblos indígenas amazónicos y arrasando su
medio ambiente.
La
resistencia de parte de las nacionalidades indígenas a que fueran invadidos sus
territorios por las empresas petroleras y mineras tuvo como consecuencia la
estrategia de dividir y fragmentar la organización y las federaciones
regionales indígenas a través de la corrupción de sus dirigentes por medio de
la actividad del Estado y de las llamadas relaciones comunitarias de las
empresas, originando fuertes y frecuentes crisis en el incipiente movimiento
indígena. Frente a tal estrategia, la CONFENIAE está en proceso de
fortalecimiento y reestructuración tras una prolongada crisis, a fin de
establecer un programa común para las nacionalidades amazónicas, agrupadas en
16 federaciones, con un proyecto político de largo y medio plazo, y cuyos
objetivos son: la defensa y conservación territorial y del medio ambiente; el
fortalecimiento organizativo tanto regional como por federaciones; mejorar los
sistemas de comunicación para la afirmación de la identidad cultural, social y
organizativa; lograr mejores servicios públicos de parte del Estado; y un
desarrollo económico y productivo propio, en armonía con los valores culturales
y el medio ambiente. Para alcanzar tales objetivos, en los últimos años se han
iniciado contactos con otras asociaciones y organizaciones en el ámbito
nacional e internacional, y de índole cultural y ecológica.
Desde
el 2004, la CONFENIAE está enfrentada a la explotación petrolera en el Parque
Nacional de Yasuni por Repsol YPF, lucha que está siendo liderada por la ONHAE,
principal organización del grupo étnico de los huaoraní, de la que queremos
resaltar algunas de sus características.
La
Organización de la Nacionalidad Huaoraní de la Amazonía
Ecuatoriana
(ONHAE)
El
pueblo huaoraní es un pueblo indígena de la Amazonía Central de Ecuador, con
una población de alrededor de 2.000 personas distribuidas en 25 comunidades.
Tienen
un territorio legalizado de 615.000 hectáreas, pero habitan una extensa zona
que incluye el Parque Nacional Yasuni y áreas de tres provincias: Napo, Pastaza
y Orellana. Sus medios de subsistencia son la caza, la pesca, la recolección de
productos de la selva y la agricultura.
La
riqueza y diversidad de la flora y fauna amazónicas siempre les ha
proporcionado la alimentación, las herramientas y el vestuario, al tiempo que
la selva ha sido su espacio simbólico, de soberanía y de refugio frente a otros
pueblos y potenciales invasores. La guerra ha sido siempre una forma de
defensa.
Bolivia
La
población indígena de Bolivia representa el 62% del país (Tabla 2). Los dos
grupos étnicos más representativos son el quechua, con un total de 1.510.560
individuos, y el aymara, con 1.243.728; aparte, y muy especialmente en la zona
de la selva, hay multitud de pueblos indígenas. Dentro de la gran diversidad
étnica de Bolivia, la primera división se produce entre la unidad cultural que
suponen los pueblos andinos, mayoritarios, y la dispersión de los pueblos
orientales (o de las tierras bajas) que, todos juntos, apenas constituyen el 2%
de la población nacional.
Los
pueblos andinos, con la parcial excepción de los urus, son parte de una misma
cultura, aunque expresada en dos lenguas distintas –quechua y aymara–, cuya
actual distribución geográfica es diferente de la que tuvieron en el pasado.
Tanto
los quechuas, como los aymaras, se dedicaron antiguamente a un sistema
combinado de pastoreo y agricultura, muy adaptado a la compleja ecología andina,
formando desde entonces un entreverado tejido de ayllus, cada uno de los cuales
tenía acceso a diversos pisos ecológicos. Por vecindad o conquista fueron
surgiendo diferentes confederaciones de ayllus y, al final, incluso un único
Estado: el Tawantinsusu o “los cuatro territorios unidos de los incas”. El
régimen colonial utilizó este sistema político y lo aprovechó para subordinar a
todos estos pueblos, con apoyo de la iglesia. Todos se hicieron cristianos,
pero sin perder por ello muchos de sus ritos y creencias ancestrales. Pasados
los siglos, las principales diferencias entre los pueblos andinos no se deben
ya a ancestros diferenciados, sino a su diversa articulación con la economía y
la sociedad dominantes. Esta articulación depende de muchos factores, entre
otros, de la ubicación urbana o rural, de las características ecológicas, del
acceso vial y al mercado, del influjo de los inmigrados, de la mayor o menor
presencia de escuelas e iglesias, etc.
La
Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia
(CSUTCB)
Escisión
de la CNTCB, la CSUTCB se constituyó el 26 de junio de 1979 y obtiene su
personería jurídica el 1 de agosto de 1985. Es la principal organización
sindical de los pueblos originarios quechuas, aymaras, tupí guaraníes y de
otros trabajadores del campo. Está afiliada a la Central Obrera Boliviana
(COB). Sus dirigentes lograron, bajo el liderazgo aymara, romper con el pacto
militar campesino y convertir la identidad étnica en un ámbito de definiciones
políticas.
La
CSUTCB es una organización reconocida en Bolivia e internacionalmente por los
logros alcanzados a través del trabajo de sus líderes, de las movilizaciones
sociales, alianzas con otras organizaciones, procesos de capacitación e
información, participación en los medios de comunicación y en las diferentes
estancias de representación.
Participó
activamente en el Pacto de Unidad que unificó al movimiento campesino, indígena
y originario. La CSUTCB tenía en mayo de 2007 pactos de unidad con las
siguientes organizaciones:
• CSCB:
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia.
•
FNMCB-BS: Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina
Sisa”.
• CONAMAQ: Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qollasuyu.
• MST: Movimiento Sin Tierra,
Bolivia.
• APG: Asamblea del Pueblo
Guaraní.
• CPESC: Coordinadora de
Pueblos Étnicos de Santa Cruz.
• CPEMB: Central de Pueblos
Mojeños de Beni.
• BPCINAB: Bloque de
Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia.
• Bloque Oriental:
Organizaciones campesinas e indígenas del oriente boliviano.
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
(CIDOB)
Formada
por 34 pueblos indígenas del Oriente, Chaco y la Amazonía, CIDOB se fundó
formalmente en octubre de 1982, en Santa Cruz de la Sierra, con la
participación de representantes de cuatro pueblos indígenas del Oriente
Boliviano: guaraní-izoceños, chiquitanos, ayoreos y guarayos. El proceso de
unificación de los pueblos indígenas el Oriente se inició, sin embargo,
alrededor de 1979, cuando se dieron los primeros contactos entre representantes
de los mencionados pueblos, a iniciativa del entonces líder guaraní,
Mburuvichaguasu Bonifacio Barrientos Iyambae, llamado también “Sombra Grande”.
En
noviembre de 1998, en la 11.ª Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas,
celebrada en la ciudad de Camiri, participan los 34 pueblos indígenas, los
mismos que constituyen la Confederación. Estos pueblos habitan en toda la
región de tierras bajas, es decir, en siete de los nueve departamentos que
forman el país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Trópico de
Cochabamba y Norte de La Paz). Las organizaciones regionales ya consolidadas y
fortalecidas son: CPIB, Central de Pueblos Indígenas del Beni; CIRABO, Central
Indígena de la Región Amazónica; CPESC, Central de Pueblos Etnicos de Santa
Cruz; APG, Asamblea del Pueblo Guaraní; ORCAWETA, Organización de Capitanías
Weehnayek; CPILAP, Central de Pueblos Indígenas de La Paz; CPITCO, Central de
Pueblos Indígenas del Trópico Cochabamba; y CIPOAP, Central Indígena de Pueblos
Originarios de la Amazonía de Pando.En la propuesta política de CIDOB podemos
observar una innovadora mezcla de derechos humanos y derechos colectivos y una
nueva concepción del Estado unitario pluriétnico
Movimientos Indígenas de México y
Centroamérica
México
El movimiento
indígena resurgido desde comienzos de los años noventa a nivel tanto nacional
como internacional, para únicamente remonta en gran parte a iniciativas
gubernamentales. Para limitar la creciente influencia que los actores
no-gubernamentales y particularmente en Chiapas Eclesiásticos estaban ganando
en las formas de organización locales y regionales, en bajo el gobierno de
Echeverría (1970-1976) y con el apoyo decisivo del partido-Estado y de las
instituciones indigenistas del Estado se crean los denominados consejos
supremos para cada una de las etnias indígenas de México (Barre 1983; Mejía
Piojeros Sarmiento Silva 1987). Una vez
centralizados en 1975 bajo la tutela institucional del Consejo Nacional de
Pueblos Indígenas después de haber sido
sometidos en 1979/80 al estricto control gubernamental y partidista, estos
gremios indígenas exigieron subsisten sin impacto local alguno.
Los actores de este
ensayo autonómico valoran la capacidad de sus pueblos de garantizar seguridad
en su territorio –lo que ninguna autoridad ni policías estatales les
aseguraron–, así como de construir un nuevo derecho y una nueva justicia a
escala regional, a partir de principios, normas, procedimientos e instituciones
centrados en el “espíritu comunitario”, y enriquecidos por la reflexión y la
discusión entre los diversos pueblos que confluyen en la Asamblea Regional. Se
trata, como ellos lo caracterizan, de un derecho “antiguo y nuevo a la vez”, y
de “una justicia pública y colectiva”, en la cual las resoluciones se toman
colectivamente “para impedir que se cometan errores o arbitrariedades en la
impartición de justicia”, así como “para asegurarse la justicia, la seguridad,
la armonía en la convivencia y la paz”. Pero esta experiencia autonómica
enfrenta, al igual que la zapatista, el hostigamiento y la amenaza constantes
por parte del ejército y de la policía estatal.
Otras declaraciones
públicas de ejercicio de la autonomía de hecho, cuyo objetivo inmediato es
recuperar y proteger sus derechos territoriales, son la Comunidad Autónoma
Wixárika de Bancos de San Hipólito, municipio del Mezquital, Durango, y la
comunidad nahua de Santa María Ostula, de la Costa de Michoacán. En ambos
casos, las comunidades llevaban años de lucha en los tribunales agrarios por la
restitución y el reconocimiento de sus derechos territoriales, cercenados por
resoluciones presidenciales. Estas resoluciones, a la vez, crearon una
situación de conflicto entre las comunidades despojadas y los grupos que
pretenden apropiarse de sus tierras ancestrales.
En los tiempos en
que los pueblos indígenas se levantaban por recuperar aquello que les había
sido arrebatado e impedir la dominación, comenzó el largo desfile de los
movimientos sociales.
Desde el Magonismo
hasta el Zapatismo la consigna casi no ha cambiado. Sigue siendo el clamor de
un pueblo por la justicia social.
A principios del
siglo XX, en un México predominantemente rural surge el Movimiento Magonista
influenciado por el pensamiento anarquista y liberal y defensor indígena. Y
cuyo nombre proviene de los Hermanos Flores Magón Esto en el año de 1892.
• Las Guerrillas de Tetabiate
Fue un movimiento
indígena que surgió a finales del siglo XIX y que fue duramente perseguido por
el régimen Porfirista. Su principal líder fue el Jefe Tetabiate quien muere el
1901 después de las batallas de Baagum, Nogales y Mazocoba en el que los
generales Porfiristas asesinaron a miles de Yaquis. Tiempo después el
Movimiento Yaqui se une a las filas de los Magonistas.
• Huelga de Cananea y Río Blanco
Fue un movimiento
indígena que surgió a finales del siglo XIX y que fue duramente perseguido por
el régimen Porfirista. Su principal líder fue el Jefe Tetabiate quien muere el
1901 después de las batallas de Baagum, Nogales y Mazocoba en el que los
generales Porfiristas asesinaron a miles de Yaquis. Tiempo después el
Movimiento Yaqui se une a las filas de los Magonistas.
• Los Cristeros
De 1926 a 1929
durante el gobierno de Elias Calles surge un movimiento armado a cargo del
clero católico que se oponía a las reformas que le retiraban la autonomía a las
organizaciones religiosas a quienes también se les impedía la realización de
actividades fuera de los templos y no podían participar en la política ni
poseer propiedades.
• Grupo de Cristeros en Morelia,
Michoacan.
El movimiento
armado se dio principalmente en las zonas rurales del centro y occidente del
país, comenzando en Jalisco. Finalmente depusieron las armas en el siguiente
sexenio en el que fue presidente Portes Gil.
• 1953 – Movimientos Feministas logran
el derecho a la ciudadanía de las mujeres
Un grupo de mujeres
organizadas emprendían una larga y extenuante lucha por el reconocimiento de su
ciudadanía.
En 1923 Elvia
Carrillo Puerto resulta electa como diputada en Yucatán cargo que tiene que
abandonar debido a varias amenazas de muerte, nuevamente resulta electa en San
Luis Potosí pero el Colegio Electoral no reconoce su triunfo.
No es hasta 1953
cuando las organizaciones feministas logran el derecho al voto y la igualdad de
derechos constitucionales. México fue uno de los países que mas tardó en
reconocer este derecho.
El 1 de enero de
1994 en Chiapas surge el movimiento Zapatista (EZLN) compuesto en su mayoría
por indígenas y con principios marxistas, surgió el mismo día en que entró en
vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, USA y Canadá. Cuando un grupo
armado tomó varias cabeceras Municipales de Chiapas.
Guatemala
El Movimiento
sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- condena la violación
sistemática a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Guatemala,
recrudecida durante el actual gobierno bajo la pretensión de imponer a los
pueblos de nuestros país el despojo de sus derechos, ladestrucción de sus
autoridades ancestrales y la imposición de un modelo de desarrollo excluyente y
destructivo de sus territorios, su medio ambiente y sus recursos naturales.
El MSICG condena
que al proceso de remilitarización del país se sume el uso cada vez más
agresivo del ejército legitimado a través del abuso de los mecanismos
extraordinarios que regula la Ley de orden público así como el uso de la
criminalización como herramienta para acallar la protesta social surgida de la
falta de voluntad del gobierno de respetar los derechos de los pueblos
indígenas y de la población del país.
El MSICG lamenta la
complicidad del Ministerio Público en tales estrategias, garantizando la
impunidad de la línea de mando (como en el caso de Totonicapán), omitiendo
actuar con agilidad y eficiencia respecto a los abusos cometidos durante un
estado similar implementado en Santa Cruz Barillas y omitiendo cualquier
persecución penal efectiva en contra de Minera San Rafael S.A. y las empresas
de seguridad privada involucradas en los actos de violencia contra la población
y dirigentes comunitarios, entre otros casos similares.
El MSICG recuerda a
la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público que el deber de la institución
que dirige es garantizar el Estado de derecho (que incluye los derechos de los
pueblos indígenas, la resistencia pacífica y la protesta social) y el
cumplimiento de la ley sin discriminación alguna y no el convertir el Estado de
derecho en un mecanismo de legitimación de la represión contra dirigentes
comunitarios, campesinos, sindicalistas, estudiantiles y demás defensores de
derechos humanos.
El MSICG rechaza el
estado de sitio impuesto mediante el Acuerdo Gubernativo 06-2013 que afecta a
pobladoras y pobladores del municipio de Jalapa; la Comunidad Indígena Santa
María Xalapán, y Mataquescuintla, y en el departamento de Santa Rosa a los
municipios de Casillas y San Rafael Las Flores y recuerda que la Ley de Orden
Público (promulgada el 9 de diciembre de 1975) es un cuerpo normativo
incompatible con nuestra Constitución y cuyo contenido, que garantiza la
posibilidad de militarizar la sociedad y suspender las garantías fundamentales
de la población asumiendo funciones constituyentes, por lo cual demandamos al
Congreso de la República de Guatemala su inmediata derogatoria.
El MSICG hace un
llamado a la comunidad nacional e internacional a condenar el rumbo que ha
tomado el actual gobierno de agravar el desconocimiento de los compromisos
asumidos internacionalmente por el Estado de Guatemala, particularmente en lo
referente a los derechos de los pueblos indígenas, a través del uso de la
violencia, la suspensión arbitraria de garantías básicas, la violencia contra
la población, la persecución, criminalización y encarcelamiento de sus
dirigentes proscribiendo la protesta social como elemento fundamental de la
democracia.
El MSICG demanda al
Ministerio de Gobernación el inmediato retiro de las licencias de operación a
las empresas de seguridad privada involucradas en actos de violencia contra la
población y al Presidente de la República de Guatemala el cese de la represión
y criminalización de la protesta social y le recuerda que el pleno respeto del
Estado de derecho, la adecuada atención de las demandas sociales y la inclusión
de la población en las políticas gubernamentales son las características que
distinguen una buena gobernanza de una dictadura.
El Salvador
El Salvador es un
país cuyos indicadores sociales y económicos lo delatan en desventaja; la
pobreza es una condición vinculada principalmente a los sectores rurales, y
dentro de éstos a los /las campesinos /as e indígenas. Entonces es de esperar
que los procesos migratorios se den desde el campo hacia la ciudad, bajo la
esperanza de que la ciudad ofrezca oportunidades de trabajo que permitan
generar ingresos para hacer menos difícil la situación de la mayor parte de la
población.
La distribución de
los ingresos, a pesar de 18 años de paz y un primer gobierno de izquierda,
continúa siendo injusta. Un pequeño porcentaje de población cuenta con la mayor
parte de la riqueza nacional. Las condiciones de vida de la gente salvadoreña,
en cuanto a salud, educación, vivienda, empleo, en general son deficitarias.
Las remesas se han
convertido en los últimos cinco años en el pilar más fuerte de la economía,
muchos salvadoreños y salvadoreñas emigran diariamente, en busca de un sueño.
Los gobiernos presidenciales pertenecieron a la derecha en los últimos cuatro
períodos, y a pesar de veinte años de llevar impulsando un modelo económico que
pretendieron que ofreciera un “rebalse económico”, la situación de las personas
es ahora mucho más complicada que antes. Un primer año de gobierno de
izquierda, si buscara seriamente resolver la problemática socioeconómica, sería
insuficiente. Ni tan siquiera un período presidencial. La promulgación de leyes
desde el órgano legislativo, cuenta con el respaldo del Ejecutivo; las
propuestas del Ejecutivo son respaldadas por el Órgano Legislativo en una
argumentación que se cierra ante la aritmética legislativa, donde la suma y
resta bota cualquier argumento inteligente de cualquier partido.
Tantos campesinos
/as como indígenas tienen una historia común basada en un hecho ineludible de
la historia de El Salvador: la masacre de 1932; Existe además, una necesidad
histórica todavía no resuelta: la propiedad de la tierra. La tenencia de la
tierra ha sido un factor determinante tanto para el sector campesino como para
el sector indígena salvadoreño. En ambos
casos, se ha mancillado la dignidad tanto de indígenas como de campesinos /as.
Los /las indígenas
han sufrido, históricamente, los embates de los poderosos, desde Anastasio
Aquino, en 1830, hasta la fecha Aquino se rebeló contra la política de los
gobernantes generando un proceso de lucha sobre la defensa de la tierra y la
autonomía de los pueblos En la década de los ochentas y noventas, otro cacique
indígena puso de nuevo en relieve lo indígena, Adrián Esquino Lisco, quien
modernamente asumió un papel de importancia en la denuncia, la proposición y la
protesta pública a favor de los /las campesinos /as. Solidariamente también
marchaba junto a los trabajadores y trabajadoras. El problema de la tierra no
ha logrado resolverse, ni para indígenas ni para campesinos /as. Un breve
intento de Reforma Agraria en 1974, impulsado por el entonces presidente Arturo
Armando Molina hubo de ser abortado, luego de que las organizaciones de
terratenientes dispusieran enfrentar la promoción de la reforma. Ninguno de los
procesos relacionados con la transformación en torno a la propiedad ha podido
resolver las necesidades más importantes de los sectores campesinos e
indígenas. La tierra es de utilidad para la creación de recursos alimentarios y
como fuente de producción. Eso no se resuelve con la mera tenencia, sino con
asistencia técnica, soporte financiero y tecnología adecuada, esos aspectos
siguen siendo débiles en el país Luego, en 1980, como resultado de un análisis
para eliminar las banderas de lucha de los sectores guerrilleros, se decide
efectuar una reforma que adoleció de diversas fallas técnicas; la principal de
ellas, basada en la ausencia de una buena asistencia técnica que enfrentara la
falta de preparación de los campesinos y campesinas para la gestión
organizativa de la población campesina y gestión productiva de la tierra. Las
organizaciones de campesinos /as se convirtieron en una fortaleza del
movimiento social, luego que desde la Iglesia Católica se consolidó a FECCAS
(Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños) y desde la organización de la
población se estableció la UTC (Unión de Trabajadores del Campo). Las
organizaciones indígenas en la actualidad se encuentran representadas
principalmente en el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS),
que el aglutina a un total de 15 organismos indígenas. A éstos se suman otro tanto
de organizaciones no agrupadas, pero que representan a un sector importante de
población indígena.
En el sector
campesino, se identifica a algunos movimientos de carácter global como Vía
Campesina y el Comité Latinoamericano de Organizaciones Campesinas (CLOC).
A nivel nacional,
varios grupos de organizaciones conforman un entramado muy fuerte de tejido
organizativo social, así encontramos a:
·
La Coordinadora Nacional Agropecuaria (CNA)
·
La Coordinadora del Movimiento Social(CMS)
·
El Grupo de los 7 (G7)
·
El Movimiento Popular de Resistencia 12 de
Octubre (MPR 12)
·
El Bloque Popular Social (BPS)
·
La Coordinadora Nacional de Trabajadores del
Campo (CNTC), un organismo aglutinador creado desde la iniciativa de Vía
Campesina – CLOC
·
El Bloque Agropecuario (BA)
·
La Confederación de Cooperativas de la Reforma
Agraria (CONFRAS).
Las organizaciones
más importantes a nivel campesino son: CNA, CONFRAS, CRIPDES. Sin embargo
organizaciones que efectúan tareas de movilización e incidencia política son
MPR 12, G7 y el BPS. En cuanto a las coordinaciones, desde el sector campesino
se establece relación sobre temáticas como los transgénicos, el Convenio 169 de
la OIT, y los derechos de los pueblos indígenas. Las relaciones se establecen
con el Consejo Indígena Centro Americano (CICA), Comité Técnico Multisectorial
para Pueblos Indígenas (CMTPI), la Secretaría de Cultura y el Fondo Indígena.
Por el sector campesino, es evidente la relación entre Vía Campesina, CLOC y la
CNTC, como vertientes de un solo pensamiento y organización, aunque en un nivel
más amplio, de carácter regional.
Así, se vuelven las
principales banderas del sector campesino, temáticas como:
·
La reforma agraria
·
Comercialización
·
Tratados de libre comercio
·
Acceso al crédito
·
Lucha por el salario digno
·
Regulación de precios de insumos
·
Legalización de tierras
·
Medio Ambiente
Algunas banderas de
lucha de los sectores indígenas y campesinos son:
·
Lucha contra los proyectos de minería.
·
La legalización de tierras y lo relativo a la
reforma agraria.
·
Lucha contra las privatizaciones de los
servicios básicos.
·
Demanda hacia el Estado para obtener una
política de desarrollo rural y acceso a la tierra.
·
La defensa de los Acuerdos de Paz.
Tanto las
organizaciones indígenas como las campesinas, surgen en la medida que sus derechos
básicos les son negados. La población establece sus mecanismos de protesta, a
través de las organizaciones.
En ese sentido, la
organización es el espacio ciudadano, organizado para demandar y presionar al
Estado para que asuma la responsabilidad del desarrollo y asegurar el
cumplimiento de los derechos que propicien una vida digna y el fortalecimiento
de un proceso democrático caracterizado por la inclusión y participación de
todos los sectores.
El CCNIS, es el
organismo más prestigioso del movimiento indígena, y considera la importancia
de ampliarse y visibilizarse.
Los y las
campesinos /as ya han logrado hacerse ver, el movimiento social local (CONFRAS,
CNA, CNTC) tiene intereses muy similares, especialmente en cuanto a
Reforma Agropecuaria, éste es además el
tema donde hay mayor coincidencia de todas las organizaciones.
Hoy falta
evidenciar que sucederá en el segundo año de presidencia de Mauricio Funes y el
FMLN.
Nicaragua
El Movimiento
Indígena de Nicaragua (MIN) como organización nacional aglutina a la mayoría
pueblos y organizaciones indígenas que se han venido consolidando en el marco
de un proceso de unidad nacional en la búsqueda de alternativas que conduzcan
al desarrollo integral sostenible
Existen diversos
pueblos indígenas en lo que hoy constituye el Estado de Nicaragua. De acuerdo a
sus características históricas se pueden agrupar en dos grandes corrientes,
quienes sufrieron la colonización española y pueblos indígenas de la Costa
Caribe de Nicaragua, que constituyen las poblaciones aborígenes que han
persistido como cultura y pueblos organizados, con sus propias tradiciones y
expectativas.
Las naciones
indígenas y negras constituidas por chorotegas, nahuatl, matagalpas, hokanos
(sutiabas), jinotegas, sumus/mayangnas, ramas y miskitus, así como los pueblos
garífunas y negros criollos.
Las principales
comunidades indígenas presentes en el País son los Mismitos, Mayagnas (sumos),
Garifonas, Ramas, Creoles, todas ellas ubicadas en la Costa Atlántica de
Nicaragua. En el Pacifico figuran las comunidades Indígenas de Subtiava (León),
y Monimbo (Masaya). En el norte del País se encuentran las comunidades
indígenas de Sebaco (Matagalpa), Matagalpa (dispersas en los municipios de San
Ramos, San Dionisio, y Matagalpa), Mozonte (Nueva Segovia), Jinotega y Madriz
(San Lucas y san José de Cusmapa).
En octubre de 1991,
el Gobierno nicaragüense declaró gran parte del territorio indígena de la Costa
Atlántica, Reserva Nacional de Recursos Naturales, hoy ampliamente conocida
como Bosawas. Esta reserva es la más extensa en Centroamérica y en enero de
1998, la UNESCO la declaró Reserva de la Biósfera. La reserva fue declarada
como tal sin consulta con las 34,000 habitantes indígenas de la zona, miskitos
y mayagnas, quienes hasta hoy mantienen ese reclamo ante las autoridades
gubernamentales. Además mantienen la sospecha de que el Gobierno la declaró
área protegida para tomar ventaja de los recursos que ahí se encuentran y
siguen considerándolo como una violación a sus derechos a la tierra y sus recursos.
Movimiento social
indígena
La influencia del
movimiento indígena en la progresiva aceptación de un mayor pluralismo por
parte del Estado y de la sociedad es indiscutible en América Latina desde que
empezó a cobrar fuerza en los años setenta y se expandió y fortaleció en los
ochenta, período de crisis económica pero de recuperación democrática. Las
reivindicaciones indígenas se dirigen al reconocimiento de sus derechos en
diversos sectores, y no sólo en el plano nacional sino en el internacional. Es
patente una mayor presencia indígena en organismos internacionales en los
últimos años, reflejada, entre otros aspectos, en una creciente atención a sus
demandas y en una más visible participación en la elaboración de normas,
acciones y recomendaciones a ella dirigidas.
Declaran que no
permitirán más concesiones sobre los recursos naturales (tanto del suelo, como
del subsuelo y plataforma marina); y que se oponen a que el gobierno y las
empresas extranjeras estén decidiendo sobre megaproyectos sin el consentimiento
de los pueblos indígenas.
Costa Rica.
Costa Rica fue uno
de los primeros países centroamericanos en incluir los derechos indígenas en su
ordenamiento legal. Ya en 1939 se declaró área “inalienable y exclusiva” la
tierra ocupada por los indígenas y en 1959 adquirieron un rango superior al de
la ley al adoptar Costa Rica el Convenio 107 de la Organización Internacional
del Trabajo. En 1973 se crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI),
en 1977 se promulga una Ley Indígena y en 1992 se ratifica el Convenio 169 de
la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Pero toda esta normativa no les ha
servido a los pueblos originarios para salir de la exclusión social y así lo
reconoce el mismo censo. Salud, educación, agua potable, electricidad,
comunicación, transporte, telecomunicaciones… cualquier variable de calidad de
vida que se tome es desfavorable a los indígenas comparados con el resto de la
población e incluso entre ellos mismos dependiendo de si se vive dentro o fuera
de los territorios, de ahí esa referencia importante a que el 37% de los
indígenas vive no dentro de ellos, sino en las cercanías. No renuncian a vivir
en sus tierras pero las condiciones en las que se desarrolla su existencia les
hacen alejarse así sea unos cuantos kilómetros. Por dar algunos datos: la
escolaridad media de los niños no indígenas es de 7’6 años mientras que la de
los niños indígenas se reduce más de la mitad, a los 3’4 años; se cataloga como
“en buen estado” el 27% de las viviendas (48% en los aledaños de los
territorios, 65% en el resto del país); el 46’5% posee agua en la vivienda
proveniente de un sistema de acueducto, el 38% electricidad (90% en el resto
del país en ambos). Según el censo, sólo el 7’6% de los indígenas manifiesta
tener sus necesidades básicas satisfechas, mientras que es el 60’4% quien
afirma lo mismo en el resto de Costa Rica.
El caso de los
primeros es comprendido por los indígenas, el de los segundos no.
Ese año 2000 las
organizaciones indígenas enviaron un documento al gobierno recordatorio de los
casos pendientes de demarcaciones de tierras, exigiendo una ley de
biodiversidad que protegiese sus territorios de la explotación masiva de los
recursos naturales en ellos existentes y recordando el derecho de consulta
previa al que, según la legislación internacional, está obligado el gobierno en
estos casos ligándolo con una reivindicación permanente: la autonomía de sus
territorios que venían reclamando desde 1992, una vez había adoptado Costa Rica
el Convenio 169 de la OIT. Los pueblos indígenas solicitaban la adopción de
nuevas normas jurídicas y directrices gubernamentales “en el sentido de
asegurar que se promuevan actividades empresariales y comerciales en nuestros
territorios caracterizadas por el derecho de los indígenas a decidir nuestras
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, cuando estas
afecten nuestras vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las
tierras que ocupamos”
Panamá.
Como el resto de
países del continente americano, Panamá reconoce ciertos derechos a los
indígenas en la Constitución como la promoción de la identidad étnica y
cultural, al tiempo que garantiza a las comunidades indígenas “la reserva de
las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de
su bienestar económico y social”. En este marco se establecen las llamadas
comarcas en distintas regiones del país en donde se reconoce su estructura
política administrativa tradicional, su autonomía, su identidad y sus valores
históricos culturales “como parte del sistema nacional”, aunque no se reconoce
en la Carta Magna el carácter plurinacional de Panamá. De hecho, tampoco el
texto constitucional reconoce las comarcas, se limita a mencionar unidades
territoriales “sujetas a regímenes especiales”. Esta es la razón por la que no
se ha procedido a la demarcación de comarcas para los pueblos naso teribe y bri
bri, que la vienen reivindicando desde hace tiempo. Lo mismo ocurre con dos
poblaciones kuna en la frontera con Colombia y otras emberá y wounaan en esta
misma zona del país.
El concepto de
comarca fue rescatado de la tradición por los indígenas que veían, por una
parte, un camino intermedio a la no adjudicación de la tierra y, por otra, una
garantía de “no enajenación” de la misma por terceros. La legalización de
territorios indígenas a través de las comarcas no es reciente. La más antigua
se inició en 1938 y se concretó en 1953, la Comarca de Kuna Yala. A lo largo de
los años le siguieron la Comarca Emberá-Wounaan de Darién (1983), la Comarca Kuna
de Madungandi (1997), la Comarca Ngöbe-Buglé (1997) y la Comarca Kuna de
Wargandi (2000). Es un proceso que aún no se ha cerrado y en alguna de las
actuales, como la de Wargandi, todavía hay cuestiones pendientes de reglamentar
–incluyendo conflictos entre indígenas y colonos no indígenas- mientras que en
otras, caso de la Comarca Ngöbe-Buglé, aún se está realizando la demarcación de
los límites que debe tener. Esto pone de manifiesto que Panamá fue, mal que
bien, uno de los primeros países del mundo en reconocer la protección de los
derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional y en adoptar políticas
públicas que en bastantes aspectos son favorables a estos pueblos.
A pesar que los
territorios indígenas poseen una inmensa riqueza en recursos naturales, el
empobrecimiento entre su población es alarmante y vergonzoso en un país que se
caracteriza por altos niveles de ingreso per capita y es catalogado como el
segundo país de América con peor distribución del ingreso. La diferencia es de
diez a uno en el caso de un indígena sin ingresos (36%) y un no indígena en la
misma situación (3’5%), según datos del propio gobierno panameño.En el caso de
la mujer indígena, la Conferencia Internacional del Trabajo de la ONU cifraba
el porcentaje de pobreza en el 98,5% y de este porcentaje, el 89,7% sufre una
pobreza extrema.Sólo hay dos explicaciones: el modelo económico y el racismo
social. Sobre este extremo el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial, también de la ONU, en el informe del año 2010 expresaba su preocupación
por “la persistencia de la discriminación racial y sus causas históricas que
han provocado la marginación, pobreza y vulnerabilidad de los afro panameños y
los pueblos indígenas, asimismo le preocupa que no exista una disposición general
que prohíba la discriminación por motivos de raza y que tipifique como delitos
los actos de discriminación racial.
La lucha de los
pueblos indígenas en Panamá no sólo por la propiedad de sus tierras, sino por
su conservación, es la misma que la de cualquier otro pueblo indígena no ya en
el continente americano sino en cualquier parte del mundo y el dilema “derecho
ancestral-desarrollo” no difiere mucho del histórico “civilización-barbarie”
con el que se colonizó el continente de Abya Yala siglos atrás.
Pero los indígenas
se aferran al ordenamiento legal por el que se ha reconocido sus comarcas. En
virtud del mismo, se reconocen los derechos colectivos sobre la tierra y los
derechos de administración de sus recursos existentes. Esta facultad se ejerce
a través de las estructuras tradicionales de administración, como lo son los
Congresos Generales; en esencia, el derecho a la libre determinación. Cuando el
gobierno aduce “el interés general” debería tener en cuenta el texto
constitucional, que se traduce en asegurar a los pueblos indígenas no sólo la
propiedad colectiva, sino además la capacidad de que a través de sus gobiernos
tradicionales impulsen su desarrollo social, económico y cultural que, a la
postre, beneficia a todo el país: el ejercicio de los derechos humanos y el
desarrollo social justo beneficia a la mayor cantidad de gente. Pero esta
filosofía es contraria a la que impone el capitalismo neoliberal.
El M-10 es
considerada la agrupación ambientalista mayor de la comarca y se destaca por su
enfrentamiento a los antimotines que los han reprimido fuertemente, aunque el
jefe de la Policía Nacional Julio Moltó ha desmentido esas acusaciones.
Los indígenas han
radicalizado su posición y ya no quieren el peritaje independiente que hace
meses debió realizarse, aunque ahora desde la sede de Naciones Unidas en esta
capital, se indica que llamaron a un concurso público para que expertos de
prestigio internacional participen.
Ese paso debió de
haberse dado desde el año pasado por lo que voceros del M-10 critican esa
actuación.
Sin embargo
Ausencio Palacios, secretario de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos
Naturales de los Pueblos Ngöbe Buglé y Campesinos, señaló que esperan la
participación en el peritaje de entre cinco y siete especialistas en geología,
ingeniería forestal, economía, zoología, sociología y biología.
Los indígenas
pretenden que el peritaje ratifique observaciones de una comisión de la ONU que
determinó diversas afectaciones del proyecto hidroeléctrico en las comunidades anexas
de la comarca en Barro Blanco.
Honduras
Honduras es un país
que posee un 15 por ciento de indígenas en su población. Algunos más
afortunados que otros viven en mejores condiciones, desde pobreza extrema hasta
clase media.El 15 por ciento de la población es de descendencia indígena y
negra, distribuidas en 8 pueblos culturalmente diferenciados tales como los
lencas, chortis, tolupanes, tawahkas, garífunas, negros de habla inglesa, pech,
misquitos. Proceden de 3 troncos lingüísticos básicos; maya, azteca, hokan siux
y africanos.
Están diseminados
en todo el territorio nacional, por lo general en zonas postergadas y
fronterizas con los países vecinos. Los Misquitos y Chortí viven en la frontera
con Nicaragua y Guatemala. Los Lencas, uno de los pueblos más grande, habita en
los territorios fronterizos con Guatemala y El Salvador. En la zona de la Costa
Atlántica se encuentran los Garífunas, Negros de habla inglesa y Misquitos,
Tawahkas y gran parte de comunidades tolupanes y en la zona central; los Pech y
nahualt en el Departamento de Olancho.
Aproximadamente 50%
de estos pueblos habitan en regiones de bosque de coníferas, 30% en zonas
costeras y 20% en reservas ecológicas de bosque latifoliado de la Reserva
Tawahka y la Biosfera de Río Plátano.Se calcula que la población económicamente
activa en las comunidades indígenas de Honduras oscila entre la edad de 8 a 65
años. El ingreso promedio mensual era de US$.60.00 dólares (a nivel nacional)
por familia; en comunidades Lencas, Pech, Tolupanes y Chortí se calcula en
US$20.00 dólares, lo cual obliga a muchas familias, en temporadas de escasez, a
subsistir de la colecta de raíces y frutos silvestres y de la caza y pesca.
La situación
económica de los garífunas y negros de habla inglesa es diferente, tienen
acceso a fuentes de trabajo relacionadas con la pesca a gran escala, también
usan la pesca como patrimonio familiar, el comercio en zonas turísticas y la
industria hotelera.
Movimiento social
indígena
Los más recientes
datos indican que hay cerca de un millón de indígenas aglutinados en ocho
pueblos entre sí que representan el 15 por ciento de la población.
Estan reunidos en 8
pueblos:
Afrocaribeños:
ubican garífunas y negros de habla inglesa.
Mesoamericanos:
conformados por las tribus Chortí y Lencas.
No Mesoamericanos o
Circuncaribes incluídos por las tribus Tolupan, Pech y Tawahka y otras
variaciones del mestisaje como los Misquitos, Sumos y Ramas.
Los departamentos
de Cortés, Islas de la Bahía, Colón y Atlántida albergan cerca de 350,000
garífunas concentrados en 53 comunidades.
Los Garífunas es
uno de los principales grupos que por razones socio-económicas y/o culturales
ha decidio trasladarse a los Estados Unidos de Norteamérica, optando por
ciudades como Nueva York y San Francisco.
El departamento de
Gracias a Dios se alberga la mayor cantidad de indígenas de la tribu de los
Misquitos y se encuentran distribuídos en 84 comunidades. Este grupo no
entiende los límites entre los países por eso se encuentran misquitos en Nicaragua
que a menudo se confunden con sumos y ramas. Los pechs, son un grupo
minoritario con cerca 2,000 habitantes dispersos en los municipios de Dulce
Nombre de Culmi y San Esteban en el Departamento de Olancho y en Brus Laguna en
el departamento de Gracias a Dios.
Los tawahkas
solamente cuentan con 900 habitantes localizados en la zona conocida como
“Patuca Medio”, cerca de los límites del departamento de Olancho en donde hay
dos comunidades: los Parawas y los Yupawas y el departamento de Gracias a Dios
con otras dos comunidades Krautara y Krausirpi.
Los Tolupanes se
encuentran en los municipios de Marales y Orica en el departamento de Francisco
Morazán con una población de 10,000 habitantes. Los Chortís se encuentran
localizados en la parte occidental del país, específicamente en los
departamentos de Copán y Ocotepeque y cerca de 7, 000 habitantes. Y los Lencas,
que son el segundo grupo más numeroso se encuentran distribuidos en los
departamentos de Lempira, La Paz, Intibucá y parte de Ocotepeque. Existen 90,000
habitntes en 612 comunidades.
Logros de las Cooperativas:
·
Los Negros de habla inglesa que viven en el
litoral del pacífico e Islas Bahía.
·
Dentro de los logros por parte de este consejo
con las comunidades indígenas se pueden resaltar los siguientes:
·
Expulsión de 36 aserraderos e industrias
aserraderas de la zona occidental.
·
Creación de dos Municipios Indígenas: San
Francisco de Opalaca y San Marcos de Caiquin.
·
Ratificación por Honduras del Convenio 169 de
la O.I.T.
·
Entrega de cerca de 200 títulos comunales a
las tierras en nuestras comunidades.
·
Mantenimiento del programa de radio Ecos de
Opalaca, una herramienta importante ofreciendo intercomunicación, denuncias,
educación, etc.
·
Construcción de las carreteras de San
Francisco de Lempira y San Francisco de Opalaca.
·
Gestión de más de 30 proyectos de construcción
y mejoramiento de escuelas.
·
Gestión de más de 50 plazos para maestros.
·
Gestión de más de 20 centros de salud para las
comunidades Lencas
Conclusiones
En este informe
hemos mantenido que el incremento de la actividad nacional e internacional de
los movimientos indígenas en la actualidad es el resultado del impacto cultural
y político, pero, sobre todo, económico, de los procesos de globalización sobre
los pueblos originarios de América Latina. No es sólo consecuencia del aumento
de la pobreza que han padecido los pueblos indígenas en las últimas décadas,
sino también el resultado de la vulnerabilidad y la exclusión ante la debilidad
de un Estado-nación que no puede cumplir con muchas de sus promesas.
También hemos
mantenido que los movimientos indígenas no son un fenómeno anecdótico, sino que
son agentes claves para comprender el cambio social que se está dando en los
países del continente latinoamericano.
El movimiento
indígena tiene una forma específica de organizarse, centralizada y descentralizada,
simultáneamente. Sus organizaciones locales se articulan en torno a
federaciones, confederaciones o cooperativas que funcionan en los ámbitos
nacional, regional y/o internacional, adquiriendo una estructura en pirámide;
de tal manera que una misma organización puede estar operando en los ámbitos
local e internacional, creando alianzas con otros movimientos sociales en uno
pero no en otro, etc.
Es importante
también romper con la imagen que nos presenta a los movimientos indígenas
aislados y anclados en un pasado ancestral, ligado a sus tradiciones y reacios
a cualquier innovación. Por lo general, como hemos visto a lo largo de este documento,
los movimientos indígenas de diferentes países tienen amplios contactos entre
sí, pero también con otros movimientos sociales, especialmente
antiglobalización y ecologistas.
Con este final,
incorporamos un tema delicado y políticamente sensible como es el conflicto que
los movimientos indígenas mantienen con todas aquellas empresas nacionales y
transnacionales que amenazan su territorio. Efectivamente, estas empresas explotan
unos recursos como el agua, la madera, los hidrocarburos, el paisaje e incluso
la propia cultura indígena a través de las empresas de turismo, se apropian de
un conocimiento sobre plantas fundamental para las farmacéuticas, con
consecuencias nefastas para el medio ambiente y la supervivencia humana y para
la diversidad cultural que representan estos pueblos.
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